Los hechos sucedieron en diciembre de 2013 cuando, con motivo de la operación 'Picador' puesta en marcha por la Guardia Civil (Equipo de Delitos contra el Patrimonio Histórico), se detuvo a estos dos vecinos de Cuenca como presuntos expoliadores.
Los denunciados fueron interceptados en Montejo de Tiermes, hallándose en el interior del vehículo en el que viajaban dos detectores de metales, mapas topográficos en los que estaban señalados rutas y caminos de acceso a varios yacimientos, y en concreto el de Tiermes, así como azadas y piquetas, entre otros elementos.
Del testimonio de los agentes se deprende que los acusados llegaron en su vehículo sobre las 19.00 horas del día 18 y, tras dejarlo estacionado y oculto entre la maleza, en la zona del extrarradio de la localidad de Pedro, caminaron unos 3,5 kilómetros hasta el Yacimiento de Tiermes donde, ayudándose del material indicado, realizaron labores de búsqueda de objetos, remozando el terrero y produciendo unos 400 hoyos.
En el vehículo, los acusados portaban diversas porciones de cerámica y de metal, algunas de estas últimas de época celtibérica, pertenecientes a un contexto funerario.
Los acusados actuaron en más de una ocasión en el Yacimiento de Tiermes (entre los días 4 y 18 de diciembre del citado año), al menos dos con ánimo de lucro y conociendo la importancia de los restos arqueológicos ubicados en el interior pues, además de las piezas intervenidas en el momento de la detención en el interior del vehículo, otras procedentes de Tiermes fueron halladas en el domicilio social de una empresa.
En dicho domicilio se encontraron cuatro monedas y otros objetos que, según el análisis pericial realizado por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, proceden del Yacimiento de Tiermes.
El Juzgado de lo Penal Número 1 de Soria ha sido el encargado de dictar sentencia casi tres años después por un delito de daños contra el patrimonio histórico, previsto y penado en el artículo 323 del Código Penal.
A esa pena se suma otra por delito de hurto, previsto y penado en el artículo 235.1 del Código Penal, que suman en total cuatro años de cárcel y la indemnización a la Junta de Castilla y León de 150.580 euros, y al pago, por mitades iguales, de las costas causadas en el procedimiento, incluidas las causadas por la acusación particular (Junta de Castilla y León).
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