Debaten en Estambul si la gestión del agua debe ser pública o privada

  • Estambul, 18 mar (EFE).- El futuro de la gestión del agua y si ésta debe ser pública o privada se debate en el Foro del Agua de Estámbul, donde defensores de ambos modelos intentan hacerse oír.

Estambul, 18 mar (EFE).- El futuro de la gestión del agua y si ésta debe ser pública o privada se debate en el Foro del Agua de Estámbul, donde defensores de ambos modelos intentan hacerse oír.

El debate continuará hasta el sábado con intervenciones como la de la delegación uruguaya, que postula, al igual que otros países suramericanos, que se declare el agua como un derecho constitucional y que su gestión sea totalmente estatal.

El problema, según Emanuele Lobina, investigador sobre servicios públicos de la Universidad de Greenwich (Reino Unido), es que el Banco Mundial, uno de los principales actores dentro del Consejo Mundial del Agua y el Foro, mantiene una posición "testaruda" a favor del enfoque de mercado sobre el agua.

Mientras, en los salones del Palacio de Congresos de Sütlüce, los servicios de prensa de las multinacionales del agua buscan ávidos ponerse en contacto con los más de 1.000 periodistas acreditados, a fin de explicar la posición del sector privado, cuya imagen se ha visto deteriorada por el activo trabajo de los académicos y ONG críticos.

"Nosotros no somos un grupo de presión que lucha contra la gestión pública, sabemos que hay infraestructuras públicas que funcionan bien y otras que funcionan mal", dice Gérard Payen, presidente de AquaFed, una federación que agrupa a 300 empresas, más de la mitad del sector privado.

"Sólo queremos contribuir a solucionar los problemas del agua. El agua ha de ser mejor gestionada, pues millones de personas esperan mejores servicios. Hay gente que aún espera que el sector público les dé acceso al agua, un acceso que no llega", agrega Payen.

El director de AquaFed piensa que "no hay contradicción" entre la empresa privada y potenciar el derecho al acceso al agua y expone como ejemplo que, en los últimos 15 años, el sector privado ha llevado agua potable a más de 25 millones de personas en países en desarrollo y que, actualmente, los operadores privados dan servicio al 9 por ciento de la población mundial.

Payen es considerado como uno de los más importantes "Señores del Agua" por los activistas críticos como Maude Barlow, consejera de la ONU, que exige declarar el agua un "derecho humano fundamental" para que deje de ser un bien comercial.

"La gestión privada de los recursos hídricos, cuyo auge tuvo lugar en la década de los noventa en los países en desarrollo, y especialmente en Latinoamérica, ha demostrado ser fallida", opina por su parte en declaraciones a Efe Lobina.

"La idea inicial era que las empresas privadas darían un mejor acceso al agua para los usuarios. Pero hubo algunos problemas: las empresas no invirtieron todo el dinero que habían acordado e incrementaron las tarifas del agua de forma insostenible. Así que este modelo se encontró con mucha resistencia popular", explica.

Tanto fue así que las multinacionales del agua comenzaron a abandonar las concesiones de aguas de algunas grandes ciudades de Latinoamérica.

Una de esas compañías fue Suez, que ahora reconoce la necesidad de hacer "autocrítica".

"Sabemos hacer bien el trabajo técnico y comercial pero nos hemos dado cuenta que tenemos que considerar la sensibilidad cultural y política de cada país y por eso hemos entablado un diálogo con la sociedad y las ONG", detalla Alexandre Braïlowsky, director de Ingeniería Social de Suez Environnement, empresa a la que pertenece el grupo español Aguas de Barcelona (Agbar).

Braïlowsky cree que la mala imagen de estas multinacionales tiene que ver con que "el agua es un tema muy sensible" y "depende de varios niveles de organización", por lo que se debe buscar la responsabilidad de cada actor en los problemas que afectan al agua.

"Nosotros somos sinceros en el cambio de actitud -asegura-, ahora debemos informar bien a la gente y dejar elegir".

"En estos casos, el diálogo es sólo funcional", critica el investigador Lobina, "el objetivo no es la inclusión social, porque todo está subordinado a la consecución de ganancias económicas".

"El sector privado tiene un objetivo principal: maximizar los beneficios. El sector público, aunque no sea perfecto, no tiene un objetivo rígido, lo que lo hace más flexible a la hora de experimentar nuevos métodos de participación", añade.