Ruiz Espejo ha señalado que esta Ley "es un paso definitivo en el conocimiento de los hechos ocurridos especialmente durante la guerra civil pero también en todo el período que recoge la misma, incluso durante la Transición y todo lo que tiene que ver con la consecución de la autonomía andaluza". De hecho, la Ley amplía el plazo de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, desde la II República --14 de abril de 1931-- hasta el 11 de enero de 1982, para incluir a los que lucharon en Andalucía por la autonomía plena.
En este sentido, ha asegurado que la Ley "es importante para Málaga por dos motivos: el primero porque, dado ese período, en la Ley se recoge el asesinato de Manuel José García Caparros que tuvo lugar con motivo de las movilizaciones reclamando la autonomía para Andalucía el 4 de diciembre de 1977, y, en segundo lugar, porque se produce en este año, cuando se conmemora el 80 aniversario de un hecho crucial en nuestra historia, como es la huida por la carretera de Málaga a Almería".
Para el delegado del Gobierno andaluz, esta Ley debe servir "para trabajar para reconocer y conocer la verdad de todo lo sucedido y contemplar todas aquellas cuestiones relativas a la reparación del daño a todas estas víctimas, a sus familiares y, desde luego, debe servir para trabajar a favor de la libertad y de la democracia, esa es la mejor enseñanza que podemos sacar".
Igualmente ha resaltado que "es una satisfacción que la Ley se haya podido aprobar después de muchos años trabajando por la memoria democrática, con un trabajo importante" realizado en Málaga en exhumación de fosas, en identificación de victimas, en la señalización de lugares de memoria histórica, y en la "dignificación de muchos de estos lugares".
"En la consecución de todo ese trabajo que hay que agradecer su empeño, su esfuerzo y su convicción a todas las asociaciones memorialistas, cuya labor ha sido fundamental en todo este proceso", ha indicado Ruiz Espejo, que estuvo presente esta pasada semana en el pleno del Parlamento andaluz que aprobó la Ley.
CONTENIDO
El texto aprobado, que será remitido ahora al Gobierno para su publicación en BOJA y su posterior entrada en vigor, incorpora las recomendaciones del Consejo Consultivo de Andalucía y amplía la consideración de víctima, incluyendo a los colectivos que padecieron persecución o violencia, a las familias de las víctimas directas y los niños o niñas robados.
Asimismo, también amplía el plazo de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, desde la II República --14 de abril de 1931-- hasta el 11 de enero de 1982, para incluir a los que lucharon en Andalucía por la autonomía plena. Además, prohíbe la exhibición de simbología fascista y franquista y apuesta por su eliminación por parte de las instituciones.
El articulado de la norma refuerza el régimen de protección legal de espacios, enclaves, bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la Memoria Democrática y establece la incorporación de la Memoria como elemento de convivencia y construcción de futuro en los currículos educativos.
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