Internautas reunidos con el Ministerio de Cultura


Representantes del mundo de Internet en el Ministerio de Cultura  - Jesús Encinar (http://www.flickr.com/photos/jencinar/)

Representantes del mundo de Internet en el Ministerio de Cultura - Jesús Encinar (http://www.flickr.com/photos/jencinar/) Jesús Encinar

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Tras la publicación ayer en Internet del "Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet" por parte de weblogs, periodistas, medios de comunicación y todo tipo de webs, que recibió un masivo apoyo, hubo una reunión esta mañana en el Ministerio de Cultura con algunos internautas. Lo que sigue es una crónica de lo comentado en dicha reunión según mi punto de vista personal, dado que fui una de las personas a las que amablemente invitaron.

Como este tipo de oportunidades de tener un contacto directo con quienes gobiernan y legislan no es algo habitual, acudí allí a dialogar, escuchar lo que tenían que decir y dar mi opinión. Como cada uno de los invitados, acudí allí a título personal, como un internauta más, y sin representar a nadie excepto a mí mismo. Era un reunión que sin duda llegaba tarde, con una ley en fase de propuesta sin haber escuchado previamente a muchos de los implicados –me pareció especialmente notable la ausencia de las asociaciones de Internautas, o de las operadoras de acceso a Internet–, pero al menos hoy surgió esa oportunidad.

La Ministra de cultura Ángeles González-Sinde estuvo allí y escuchó lo que todo el mundo quería decirle; por desgracia como suele suceder en este tipo de cosas tuvo que irse pronto porque tenía que inaugurar un museo. Por suerte otros miembros de su equipo que estaban muy al tanto de la situación y demostraron buenos conocimientos sobre la actualidad de Internet pudieron quedarse más tiempo para explicarnos detalles que hasta ahora no eran públicos, escuchar nuestros comentarios y responder a algunas preguntas. También manifestaron su intención de que el diálogo continúe en el futuro.

El tono general fue cordial aunque con puntuales tiranteces: quienes sostenemos las tesis del manifiesto preferiríamos que esa reforma en el anteproyecto simplemente fuera eliminada. Pero como en todo existen cientos de matices sobre cómo debería hacerse lo que se propone en caso de ser inevitable, y cada persona a la que se pregunte tendría una opinión o matices diferentes. En el peor de los casos, si saliera adelante, todavía quedaría la normativa y procedimientos concretos a aplicar, que deberían ser elaborados con más detalle y que tendrían tanta importancia como la propia ley.

En estas cuestiones políticas suele haber una combinación de intereses, intenciones, buenas palabras y cuestiones legales –que a muchos se nos escapan– pero que al fin y al cabo que queda plasmado en las leyes y normas, que para mayor complicación luego son "interpretables". Estamos hablando de un anteproyecto de ley todavía no aprobado, y de una normativa y procedimientos inexistentes. Lo que el ministerio nos transmitió es lo que querrían que fuera. Y por desgracia la experiencia dice que nunca queda claro si eso es lo que realmente pretenden o si a cada grupo con el que se entrevistan (asociaciones de autores, empresarios, grupos mediáticos) le cuentan una versión distinta. Lo que sigue es lo que me pareció más relevante de lo que nos contaron a los internautas que asistimos.

  • El anteproyecto no pretende perseguir a los usuarios individuales de programas P2P, ni tampoco a los creadores de dichos programas.
  • Tampoco se pretende perseguir a las páginas de "enlaces a contenidos ilegales", dado que los enlaces están en la naturaleza propia de la Web. (Y, por poner un ejemplo, Google sería el primer gran enlazador de ese tipo de páginas).
  • No es la intención del anteproyecto perseguir a los individuos cortándoles su conexión a Internet en casa. Esto es algo que actualmente se hace en otros países pero que aquí no está contemplado; de hecho la conexión a Internet cada vez está cobrando más fuerza como "servicio universal" al igual que otros de los más básicos.
  • Los sitios como weblogs, periódicos online, agregadores de noticias y similares no deberían tener tampoco de qué preocuparse. Todos esos sitios en los que se utilizan contenidos de terceros con o sin permiso dentro de lo que se considera un uso normal de Internet (por ejemplo, incrustar un vídeo de YouTube, imágenes ocasionales con las oportunas referencias y enlaces, miniaturas de fotografías, etcétera) no serán perseguidos, especialmente si el uso que se hace está protegido por la libertad de expresión, de información o el derecho de cita y otras cuestiones que han sido aplicables normalmente.

Entonces, ¿en qué han estado pensando al redactar el anteproyecto de ley? Las medidas están orientadas a bloquear o eliminar de Internet las páginas que estén violando los derechos de propiedad intelectual de terceros y lucrándose con ello mediante pagos directos de los usuarios. El ejemplo que nos pusieron es de servicios de emisión de películas en línea. Supongamos por ejemplo un sitio web llamado peliculasdemoda.com que cobre una cuota de acceso a la gente para luego mostrarles en streaming una película de estreno sin autorización de los propietarios de los derechos de esa película. Esos son los sitios que están en la mirilla de la ley, no los usuarios de P2P ni las páginas de enlaces. ¿Existen muchas páginas de ese estilo en España, donde es aplicable la ley? Probablemente no. ¿En el mundo? Seguramente tampoco… y las medidas legales que se les puedan aplicar serán posiblemente ineficientes. Esto da una primera idea de por qué la propuesta de ley se antoja desproporcionada e inútil en la práctica.

Respecto a la forma en que se llevaría a cabo todo esto según lo expuesto en el anteproyecto de ley, los representantes del ministerio concretaron lo siguiente:

  • Primero debe desarrollarse toda la normativa. Para ese desarrollo contarían con las opiniones de los diversos colectivos afectados: autores, industria, internautas, gente del mundo de la cultura, asociaciones y demás. Entre la aprobación de la ley y la preparación de la normativa pasarán probablemente entre seis y diez meses.
  • El siguiente paso será la creación de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que estaría compuesta por un reducido número de miembros (entre 4 y 8, tal vez) con una representación variada: mencionaron a expertos, alguien del Ministerio de cultura, otro de Industria, de algunas asociaciones, etcétera. pero sin concretar más. Dependiendo de cuán independiente sea realmente ese organismo y de quiénes lo compongan se podrá valorar si es más o menos independiente, al estilo de la CNMV o la CMT.
  • Esa comisión no estará "navegando por la Red y poniendo denuncias." Sólo podrá actuar si recibe denuncias de legítimos propietarios de las obras. En otras palabras: quien denuncie a una página porque considera que vulnera sus derechos de propiedad intelectual tendrá que demostrar primero que es propietaria de esos derechos. En muchos casos la comisión no lo considerará suficiente o se inhibirá, por ejemplo si la denuncia debe seguir otras vías como las habituales de las denuncias relativas al derecho al honor, intimidad, libertad de expresión y similares. Se pretende que sólo actúe en casos claros y flagrantes sobre contenidos donde la violación de esos derechos sea muy evidente. Nuevamente el ejemplo empleado fue el de las películas y la música, aunque el ámbito de la cultura incluya otro tipo de obras como dibujos, ilustraciones y pinturas, textos escritos y otras formas de expresión artística y cultural.
  • La Comisión avisará al denunciado para que presente alegaciones o bien opte por retirar los contenidos. La Comisión además no puede imponer multas. Puede suceder que alguien sea denunciado aunque tenga legítimo derecho a publicar o emitir cierto contenido (por ejemplo, tenga un contrato comercial y la polémica sea económica y no una infracción de derechos). El propietario de la web en cuestión puede optar también por retirar el contenido. Si el propietario simplemente contesta recibirá varios avisos de las diferentes formas posibles. Esto será válido tanto si la página en cuestión está alojada en España como si está en el extranjero.
  • En función de todo lo anterior, la Comisión decidirá si tramitar la petición de cierre o bloqueo de la página, enviándosela a un juez. El ejemplo aquí volvió a ser el carácter urgente de por ejemplo evitar que se revenda en una web una película antes de sus estreno o algo parecido. En otros ámbitos, equivaldría a las medidas preventivas que se toman frente a delitos muy graves, en los que se requieren actuaciones para evitar daños mayores. Este es uno de los puntos que sin duda menos gustó a los internautas de la reunión: se comentaron casos como los cierres de periódicos o de páginas de opinión, en los que al menos existe una garantía judicial que aquí podría desaparecer a priori. Pero desde el ministerio también aseguraron que si se recibe un recurso rápido o información suficiente por los afectados, la orden de reapertura de una página podría ser tan rápida como la petición de cerrarla.
  • Las peticiones de cierre irían precedidas de una petición de bloqueos por URL. Antes de solicitar el cierre al completo de un sitio web se pedirá la eliminación o bloqueo de las páginas concretas que están infringiendo la normativa. En este caso, equivaldría a eliminar un vídeo de YouTube pero no a bloquear todo YouTube.com aun en caso de que contenga algunos contenidos ilegales. Se mencionó que sólo se haría en caso de denuncias reiteradas, tal vez diez o más veces.
  • Los bloqueos de webs o URLs se tramitarían a través de los proveedores de acceso españoles. Se enviaría esa petición a los ISPs de modo que bloquearan las páginas individuales que violan los derechos de propiedad intelectual o los sitios web completos (en casos reiterados). Serían todos los ISPs quienes técnicamente tendrían que hacer ese bloqueo en sus servidores para que nadie pudiera acceder desde España. Técnicamente esto es complicado de gestionar (y para los internautas casi trivial evitarlo) y aquí el ministerio no parecía tenerlo demasiado claro. A la pregunta de "Pero entonces, ¿esto sería como en China, que si vives allí te dejan ver unos contenidos pero otros no" respondieron con un escueto "En España ya estamos como en China". Su confusión se refiere a sitios como Spotify, iTunes YouTube y otros, que ofrecen catálogos distintos para distintos países. Pero la gran diferencia es que en esos ejemplos son las propias empresas las que deciden qué ofrecer en cada lugar, algo en lo que están en todo su derecho: no es una mano invisible ni una comisión quien decide qué datos pueden verse y qué datos no verse.

Toda esta historia desde luego no ha hecho sino empezar. Quedan muchos detalles por concretar, opiniones por oír y debates por mantener en todos los ámbitos. Los internautas del grupo que asistimos a la reunión coincidimos en muchas cosas: por un lado, que la reforma es innecesaria y que son mejores las garantías jurídicas tradicionales, así que bastaría simplemente no incluir esta reforma en la nueva ley. Por otro, que las medidas parecen claramente desproporcionadas: es como ofrecer las llaves del arsenal atómico a alguien para acabar con los cuatro gusanos de las manzanas podridas de ese gran huerto que es Internet. Además, tal y como está planteada, la propuesta de ley es altamente susceptible de ser maliterpretada, manipulada y utilizada con fines malévolos –tanto ahora como en el futuro, por dirigentes de uno y otro bando– que pongan en peligro los derechos fundamentales de los internautas.

Para terminar, resultó irónicamente interesante que casi todos los que estábamos sentados a la mesa éramos tanto internautas como creadores: había escritores, periodistas, bloggers, autores de libros, músicos, gente que graba y produce sus vídeos, programas de radio… Pero ninguno sentimos que esa reforma de la ley fuera necesaria ni beneficiosa en absoluto, a pesar de ser en todos esos ámbitos somos tanto creadores de contenidos como consumidores de los mismos. Tal vez esa sea la gran diferencia entre la gente que está en Internet y al tanto de su realidad y tecnología frente a los representantes de industrias como la cinematográfica o la musical: mundos que se empeñan en mantener su negocio basado en una una abusiva interpretación de la defensa de la propiedad intelectual en lugar de buscar alternativas más positivas, generales, económicamente viables y acordes con los tiempos.