La decisión de cerrar webs sin permiso judicial no depende únicamente del Gobierno


La ministra de cultura González-Sinde se reúne con blogueros y especialistas en Internet

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Al Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (PDF) le queda mucho camino por delante. El Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social aún no han revisado el texto, que tampoco ha sido sometido al dictamen de Justicia, tal como hace todo proyecto legislativo. Una vez completadas dichas evaluaciones -que no suponen un voto vinculante-, el texto debería volver al Consejo de Ministros para su presentación definitiva al Congreso y, desde ahí, comenzar su tramitación definitiva.

A ese el largo peregrinaje aún le faltaría lo más importante: el debate y votación en el Congreso, su paso por el Senado para ser enmendado y su definitiva vuelta al Congreso de cara a su aprobación definitiva. Con todo, al supuesto cierre de páginas web sin necesaria mediación judicial que propone el Gobierno en su polémico anteproyecto le queda mucho camino y mucha matización por delante. Seguramente gran parte de la polémica que ha revolucionado la Red en estos días vaya diluyéndose tanto con el paso de los trámites y la matización de sus supuestos internos. En cualquier caso, y dado que el PSOE no tiene mayoría absoluta, una hipotética aprobación del texto dependería siempre de su capacidad negociadora con otros grupos.

Todo el trámite descrito, contando con que hasta mediados de enero no se recuperará la actividad normal en el Congreso, tardará meses. En total, 198 páginas de una ley que el Ejecutivo vendió como fundamental tras el Debate sobre el Estado de la Nación a principios de año que se tambalea por apenas dos páginas y media, las que pretenden habilitar el cierre de páginas web sin mediación judicial en virtud de la modificación de dos leyes: la de Servicios de la Sociedad de la Información y el Real Decreto por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en internet. Dos modificaciones que aparentemente no guardan relación con un pretendido cambio de modelo productivo en un texto que aglutina diversas reformas sin aparente conexión.

Negociación compleja

Contando con los 169 votos con los que cuentan los socialistas en el Congreso le faltarían siete más para conseguir la mayoría suficiente. Teniendo en cuenta que ya hay cuatro partidos que se han pronunciado radicalmente en contra de la reforma de la Ley que rige los cierres de páginas web (PP, BNG, CC y UPyD), al PSOE le quedan pocas posibilidades. Concretamente, el Partido Popular ya ha expresado que el Gobierno quiere "liquidar un derecho fundamental" con el texto, Coalición Canaria ha suscrito el manifiesto que surgió como protesta a las intenciones del Gobierno y el BNG ha expresado su "absoluto rechazo" al texto. El partido de Rosa Díez no ha dejado clara su postura, pero ha colgado en su web el manifiesto contra la iniciativa del Gobierno. De un plumazo, 157 votos en contra, a 19 de un virtual veto al proyecto.

Para prosperar, el PSOE necesitaría, por ejemplo, contar con Convergència i Unió. Repasando las votaciones recientes se observa que CiU suele estar de acuerdo con el Gobierno en contadas ocasiones, pero nunca en materia económica, paraguas bajo el que se circunscribe esta ley. Además, conforme más cerca esté septiembre, cuando se celebrarán las segundas elecciones autonómicas catalanas a las que CiU acude como oposición, más difícil será que sean los nacionalistas catalanes quienes ayuden a los que son su principal rival en casa. Por si fueran pocas posibilidades las que tiene el PSOE de conseguir el voto de CiU, Sánchez-Llibre ya dijo del texto que es "una burla" en su conjunto, aunque no se expresó en concreto a lo referente al cierre de webs. Todo apunta a que cuentan con diez votos menos.

Teniendo en cuenta que UPN no ha apoyado al Gobierno prácticamente en nada en lo que va de legislatura, casi que podrían dar esos dos votos por perdidos, aunque los navarros han anunciado que estudiarán punto por punto la propuesta. ¿Y los partidos de izquierda? Complicado: Izquierda Unida fue la única fuerza parlamentaria nacional que votó en contra del 'Pack Telecom' en Bruselas, con un contenido muy similar en algunos aspectos a la reforma que busca el Gobierno', así que podrían dar dos votos más por perdidos. En total, cuatro votos menos.

Quedarían por definirse los seis votos del PNV, los tres de Esquerra y el de NaBai: en total, diez votos, de los que le sobrarían tres. Los primeros ya han sido los paradójicos compañeros de viaje del Gobierno en los Presupuestos (que apoyaron tras el blindaje del concierto vasco) o los inverosímiles sustentadores (dada la raíz católica de la formación) de la reforma de la Ley del Aborto, así que podría ser una formación favorable si el Gobierno supiera negociar. Esquerra ha dicho del texto que llega "tarde" y sin consensuar, y NaBai que es sólo "una declaración de intenciones" que no ayuda con la crisis. De lo referente al cierre de las páginas web, nada. Al Gobierno le toca esperar y empezar a negociar (o corregir).