El Congreso acuerda encargar un informe para decidir cómo normalizar su actividad en enero y el verano

CiU y ERC avisan de que, si se opta por modificar el Reglamento, aprovecharán para plantear el uso del catalán MADRID, 25 (EUROPA PRESS) La Junta de Portavoces del Congreso acordó hoy encargar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para decidir cómo se termina con los periodos no ordinarios de sesiones, esos meses inhábiles (enero, julio y agosto) en los que no se pueden convocar plenos y sólo se mantiene la Diputación Permanente. La semana pasada, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ya avanzó su idea de evitar que el Congreso paralice su actividad ordinaria en los meses de enero y de julio e incluso se mostró dispuesta a estudiar la vía de la reforma de la Constitución, ya que la Carta Magna excluye expresamente dichos meses de los periodos ordinarios de sesiones. El PSOE, a través de su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, ofreció ayer una reforma reglamentaria para regular "de un modo adecuado, sistemático y regulado" la celebración de una serie de reuniones de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en esos meses inhábiles. El debate se planteó esta mañana en la Junta de Portavoces del Congreso y se acordó que sean los servicios jurídicos de la Cámara quienes determinen las posibilidades legales para resolver esta situación. Los grupos parlamentarios trasladarán por escrito la petición al presidente de la Cámara, José Bono. EVITAR MESES SIN CONTROL PARLAMENTARIO Sáenz de Santamaría destacó la necesidad de "trabajar hacia un cauce de una mayor estabilidad de esos meses" --que, según recalcó, no son de vacaciones--, y todo ello especialmente dirigido a reforzar la actividad de control al Gobierno y la capacidad de presentar alternativas por parte de los grupos. Más que tocar la Constitución, Alonso abogó por una "reforma sencilla" del Reglamento del Congreso para "dar un contenido sistemático a esos meses" aprovechando la Diputación Permanente. A su juicio, si se garantizan una reuniones de ese órgano, sin perjuicio de que el presidente de la Cámara pueda convocar otra, se podría sistematizar a continuación el trabajo de toda la Cámara. El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, avaló la conveniencia de encargar ese informe, pues "lo que abunda, no daña", pero ya avanzó su opinión de que "hay poco margen de maniobra" dada la redacción de la Constitución. Por ello, se decantó por tratar de funcionar en esos meses "por la vía de hecho", utilizando la Diputación Permanente y otros mecanismos reglamentarios que garanticen la celebración de comisiones. El portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre, indicó que los nacionalistas no tienen inconveniente en que se habiliten más sesiones parlamentarias en enero o julio, pero quiso dejar claro que los diputados no están de vacaciones esos meses, sino que trabajan en las circunscripciones o en sus partidos. "A trabajo nadie nos va a ganar. Es marca de CiU", comentó. Ahora bien, adelantó que, si se opta por reformar el Reglamento del Congreso para reparar esa situación, CiU aprovechará para plantear que también se modifique la normativa interna para normalizar el uso del catalán y los demás idiomas cooficiales. RECUPERAR LA 'DOCTRINA MARÍN' En similares términos se pronunció el portavoz de Esquerra, Joan Ridao, quien recordó que ya ha pedido a los demás portavoces que respalden la reinstauración de la doctrina que aplicó en su día el anterior presidente del Congreso, Manuel Marín, y que permitía un uso restringido de las lenguas cooficiales en las sesiones plenarias siempre que fuera seguido de traducción. El portavoz del PSOE no se pronunció sobre la posibilidad de recuperar el estilo de Marín, pero remarcó que, "constitucional y reglamentariamente, la lengua del Congreso es el castellano". "Esa es y debe ser la lengua en que se conduce el trabajo parlamentario", zanjó.