Padres de objetores piden a Junta que sea la primera en acatar el fallo del TS garantizando su derecho de oposición

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS) El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), reclamó hoy a la Junta de Andalucía que sea la primera Administración en acatar la sentencia del Tribunal Supremo --que prohibe el derecho a objetar pero avisa de que no cabe inculcar opiniones "sobre cuestiones morales controvertidas"-- "garantizando nuestro derecho a oponernos a los contenidos de carácter moral". En declaraciones a Europa Press, Seco opinó que el departamento que dirige Teresa Jiménez, "en lugar de continuar amenazando con la reincorporación a las aulas de los alumnos, debería explicar cómo y de qué manera va a acatarla y cómo y de qué manera va a garantizar el derecho que el Alto Tribunal ha reconocido a las familias a oponerse a aquellos contenidos que no se refieran a valores y principios fundamentales de la Constitución, y que afecten a convicciones morales que no sean comúnmente aceptados por la sociedad". En este sentido, recordó que el TS "ha reconocido el derecho a la oposición parcial a las materias que se desarrollen en las escuelas, abarcando no solo a EpC, si no también a otras materias curriculares", lo cual supone que sus hijos "no podrán ser examinados de las materias respecto de las que las familias objeten su oposición, con lo que la Consejería no puede seguir amenazando con declararlos absentistas ni con el suspenso". "Esos son dos discursos, el absentismo y el suspenso, que ya no podrán continuar utilizando para achantarnos, eso se acabó", según prosiguió el letrado sevillano, quien insistió "en la necesidad del diálogo, pues el frente que se le puede abrir ahora a la Consejería, tras la sentencia, es mucho mayor que el que se constreñía a EpC". "Puede alcanzar una envergadura mucho mayor, puede alcanzar a muchas materias curriculares y puede convertirse en una gran bola de nieve que debe evitarse mediante el diálogo", indicó. Respecto a la reincorporación a clase de los alumnos, puso de manifiesto que "son muchas las familias que me manifiestan que mientras estén amparadas por resoluciones judiciales quieren continuar en esa situación, y por lo tanto no quieren que sus hijos entren", señalando que "nadie les puede forzar a lo contrario, salvo que quieran incurrir en desacato a una resolución judicial". Por último, y "después de más de dos meses esperando" que la Consejera de Educación "reconozca su responsabilidad por la vulneración de los derechos fundamentales" de los menores cuya identidad fue publicada en el BOJA, reiteró una vez más dicho requerimiento durante los próximos 15 días, tras los cuales, "en el caso de que no lo haga, acudiremos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que así la determine". "Es absolutamente inexplicable la actitud de la consejera, pues dicha responsabilidad fue así declarada por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y por la propia Fiscalía, y censurada duramente por sus propios compañeros de gabinete", concluyó el abogado.