Las denuncias de violencia machista se redujeron el último trimestre de 2008

  • Madrid, 21 abr (EFE).- Las denuncias presentadas por las mujeres víctimas de violencia machista se redujeron en el último trimestre del pasado año -el 9 por ciento-, lo que rompe la tendencia alcista que se venía registrando en los dos últimos años de aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género.

Las denuncias de violencia machista se redujeron el último trimestre de 2008

Las denuncias de violencia machista se redujeron el último trimestre de 2008

Madrid, 21 abr (EFE).- Las denuncias presentadas por las mujeres víctimas de violencia machista se redujeron en el último trimestre del pasado año -el 9 por ciento-, lo que rompe la tendencia alcista que se venía registrando en los dos últimos años de aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género.

Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, facilitados hoy al Parlamento por su presidenta, Inmaculada Montalbán, en los tres últimos meses de 2008 se presentaron 33.864 denuncias, frente a las 37.239, del anterior trimestre, aunque en los dos últimos años se ha registrado un aumento del 15,7 por ciento.

Para Montalbán, podría ser un descenso puntual, ya que ha destacado el incremento progresivo del número de denuncias desde la aplicación de la ley, hace tres años y medio, y también el de personas condenadas, 95.284 acusados en 140.705 sentencias.

Los juzgados han acordado el 75 por ciento de las órdenes de protección incoadas (99.350 de las 132.894).

En la estadística judicial también se registra el aumento en un 10 por ciento del porcentaje de renuncias, que en 2007 fueron 12.707 las peticiones para que se cerrara el proceso, y el pasado año, 16.100.

La presidenta del Observatorio ha trasladado a los parlamentarios su opinión favorable a que se elimine la obligación del juez de acordar el alejamiento forzoso en todos los casos y ha planteado la posibilidad de dejar que sea el instructor el que lo valore, y en su caso no lo acuerde, si se trata de un caso leve y puntual.

También ha pedido la reforma de la ley para que se incluya la formación obligatoria de los jueces en violencia de género y para que se creen juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos, que agrupen dos o más partidos.

En la comparecencia ante la subcomisión para el estudio del funcionamiento de la Ley Integral, ha reclamado una mayor dotación presupuestaria para que se pongan en marcha las alarmas informáticas en los ordenadores de los juzgados, que alerten a las víctimas de cualquier acto procesal que pueda afectar a su seguridad.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha propuesto que se acuerde por ley que las víctimas deben recibir asistencia letrada desde el primer momento, es decir, antes de presentar la denuncia y para todas las comparecencias.

Carnicer ha destacado la importancia de que las mujeres conozcan antes de presentar esta denuncia cuáles son sus derechos y las consecuencias jurídicas que se generan tras la petición de una orden de protección, con la que se activa un proceso penal, y ha recordado que cuatro de cada diez inician este proceso sin ayuda de un abogado.

En el caso de las víctimas inmigrantes, es mayor la desprotección jurídica, ha asegurado, ya que al no contar en muchos casos con asistencia de abogado, en los primeros trámites pueden formular la denuncia desconociendo que se abre un expediente de expulsión, que sólo se suspenderá si se le concede la orden de protección.

En los dos últimos años se han tramitado 268.418 denuncias, 142.125 en 2008 (lo que supone una tasa de 62,4 denuncias por cada 10.000 mujeres mayores de 15 años) y 126.293 de 2007 (una tasa de 54,4 denuncias).

Desde la entrada en vigor de la ley, el número de procedimientos penales ingresados en los juzgados de violencia sobre la mujer ha sido de 600.141 (211.916 en 2008, 162.174 en 2007, 155.842 en 2006 y 70.209 en el segundo semestre de 2005).

En el ámbito laboral, Susana Brunel, de CCOO, ha explicado que son pocas las víctimas que se acogen a las medidas previstas, como la posibilidad de suspender sus contratos o reducir las jornadas, por lo que pedido que las administraciones competentes refuercen la información y la sensibilización sobre estos derechos.