Contra los desahucios, los 'indignados'

  • Los seguidores del movimiento 15M han conseguido paralizar hoy un desahucio en Palma y otro en Parla. Ayer también lo consiguieron en un barrio de Madrid. Y piensan seguir actuando en estos casos, en su línea de defender el derecho a la vivienda.
Acampada Sol llama a parar un nuevo desahucio hoy en Parla
Acampada Sol llama a parar un nuevo desahucio hoy en Parla
Agencias | lainformacion.com

Una de las principales reivindicaciones del movimiento 15M es el derecho a la vivienda. Aunque aún no ha dado a conocer propuestas concretas para avanzar en este sentido, sí ha empezado a actuar. Lo hacen en los casos de desahucios y en apenas dos días han conseguido suspender tres.

Dos de ellos han ocurrido hoy mismo. El primero en Palma esta mañana, cuando medio centenar de "indignados"se presentó enuna vivienda de la capital de la que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi)pretendía sacar a una mujer y su hija.

La familia iba a ser desalojada por no poder hacer frente al pago delalquiler del piso, que asciende a 380 euros mensuales, debido a que laafectada sólo percibe una ayuda económica de 360 euros.

La acción de los seguidores del movimiento 15M ha obligado a posponerel desahucio para otro día, cuya fecha aún no se ha concretado.

El segundo ha tenido lugar en el distrito madrileño de Parla, donde los "indignados" han logrado frenar el desalojo de un anciano de 74 años con una invalidez del 65 por ciento.

El hombre, identificado como Luis, no puede afrontar el pago de su hipoteca por no contar con trabajo ni ningún tipo de prestación y tampoco cuenta con familiares en España.

Con gritos de "No hay pan para tanto chorizo", "Esto es esperanza y no la presidenta" o "Luis, amigo, el pueblo está contigo", los manifestantes han impedido el acceso al inmueble de la secretaria judicial y del representante de la entidad bancaria ejecutora de la hipoteca sin que se hayan producido enfrentamientos o incidentes.

A estos caso se suma al sucedido ayer en la ciudad de Madrid. Este primer desalojo impedido por la protesta de los "indignados" tuvo lugar en un piso del barrio de Tetuán donde vive la familia de Anwar, un libanés de 55 años en paro que lleva dos años sin pagar la hipoteca de su vivienda.

Los manifestantes impidieron la entrega de la orden de desalojo en medio de un incidente con el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara. Al igual que en Palma, el trámite ha sido aplazado hasta una fecha aún no comunicada.

El movimiento 15M ha anticipado que continuará con este tipo de iniciativas, ya que cada día recibe varios mensajes de personas amenazadas de desahucio pidiendo ayuda.

En ambos casos de Madrid la convocatoria partió de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que lleva un tiempo trabajando para impedir desahucios pero que ahora ha cobrado nuevos bríosgracias al apoyo del 15M y de Democracia Real Ya.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de familias que perdió su vivienda por procedimientos de desahucio marcó un récord histórico en el primer trimestre del año al elevarse a 15.491, un 36,3 por ciento más que en el mismo período del año anterior. En cambio, entre enero y junio los juzgados españoles tramitaron 21.787 ejecuciones hipotecarias, un 21,1 por ciento menos que en el mismo periodo de 2010.

"Detrás de todos estos datos se encuentran personas y familias enteras. La pérdida de la vivienda supone la vulneración de uno de los derechos más elementales en un estado democrático, un Estado que no debe tolerar que miles de personas sean desahuciadas mientras existen millones de pisos vacíos en todo el país que, por este hecho, no cumplen con su función social", señalan desde la plataforma.

La PAH-Madrid ha exigido a la Administración que defienda en primer lugar los intereses de los ciudadanos "y no de las entidades financieras".

Para ello, reclama que cumpla con el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "en virtud del cual el Estado está obligado a hacer todo lo posible para impedir los desalojos forzados por motivos económicos".

"Y en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias", añade.

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