Agentes acusados de pegar a manifestantes en 2001, en el Congreso, dicen que actuaron por orden de su superior político

El inspector al mando dice que les informaron de que participaban miembros de 'kale borroka' y que ibran a agredir a los diputados MADRID, 9 (EUROPA PRESS) Los policías nacionales acusados de reprimir con un uso excesivo de la fuerza a un grupo de manifestantes que realizaron en noviembre de 2001 una sentada en las escaleras del Congreso de los Diputados para reclamar la abolición de la deuda externa declararon hoy que utilizaron la fuerza necesaria para proteger la sede de la soberanía nacional bajo órdenes de sus superiores policiales y políticos. Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, uno de los acusados, el inspector José Antonio Neira, al mando de la operativa de aquella actuación, señaló que un grupo de los manifestantes, en un momento dado, se desvió el itinerario de la marcha (entre Cibeles y Atocha) y "desbordó" el cordón policial, dirigiéndose hacia la escalinata del Congreso de los Diputados. "A las 8.00 horas nos recordaron las órdenes y nos informaron de que en manifestación venía gente de la kale borroka' y que cargáramos, que eran la orden del delegado del Gobierno. Yo ordené a los manifestantes que no subieran (por la Carrera de San Jerónimo). Ese día no tenía suficientes medios como gases lacrimógenos porque a algunos políticos no les gusta. Se les intentó desalojar por las buenas, pero no quisieron. Podían agredir el Congreso: pintar o quemar en su interior", respondió a las preguntas de la acusación particular. El inspector especificó que los manifestantes, ya en las escaleras de la puerta de entrada del Parlamento, se resistían de forma "muy activa", entrelazándose los unos con los otros. Así, señaló que para retirarlos a todos los participantes en la sentada debería contar con una plantilla de 500 policías, pero eran unos 40 efectivos, por lo que "no pudieron hacer otra cosa que cargar". "Los manifestantes me dijeron que soltáramos a los detenidos para disolverse, pero la superioridad me dijo que no se soltara a nadie. Estaba presionado por los mandos policiales y políticos porque estaban muy nerviosos de que algún funcionario de los que custodian el Congreso con metralletas se pusieran nerviosos para defender el Congreso", agregó. "LAS DEFENSAS NO HACEN DAÑO" Por otro lado, Neira señaló que varios policías nacionales sufrieron dolores en la espalda, tirones y uno de ellos acabó con un dedo roto. Mientras, sobre los manifestantes, explicó que sólo vio a uno lesionado con una brecha en la cabeza, concretamente a uno de los organizadores. "Las defensas que utilizamos no hacen nada de daño. No es un arma suficientemente contundente, aunque intimida un poquito", apostilló el acusado. Sobre las detenciones efectuadas, justificó que fueron arrestados por cometer desobediencia grave, aunque apuntó que él no detuvo ni arrastró a nadie. "Si ordene alguna detención, estaba bien detenido", apostilló el inspector, al tiempo que reconoció que mandó cargar y lanzar pelotas de goma "de las más blandas". Concretamente, afirmó que ordenó la detención del organizador de la manifestación. En este sentido, recordó que los agentes pueden detener de forma autónoma y valorar si un hecho constituye falta o delito, y por ende, ordenar su detención. "Los policías no son hijos míos menores de edad. No eran mis policías y ahora menos", sentenció el inspector. No obstante, Neira reconoció que "teóricamente" fue cesado por esta actuación y pasó a instruir a policías sobre los modelos de intervención. "Había tenido controversias con ciertos políticos, pero en el nuevo puesto ganaba más", añadió. Por último, en respuesta al abogado de la defensa, el acusado señaló que tuvieron que detener al organizador de la iniciativa porque fue detenido porque se resistió a abandonar las escalita del Congreso, después de permitirle leer un manifiesto "con el megáfono de la Policía porque el suyo no funcionaba". Además, según el video expuesto de la manifestación, el supuesto organizador indicó a los agentes que su obligación morar era la de probar porque "si no en este país no se consigue nada". Por su parte, el subinspector de Policía Sebastián Casillas, aseguró que no apreció que se estuviera golpeando a alguien y no vio nada violento. "Se siguieron los pasos oportunos. No vi golpes en la cabeza ni ordené detenciones. Intenté por todos los medios que se fueran de las escaleras del congreso. Sólo me faltó ponerme de rodillas", dijo. A continuación, otro de los comparecientes, un policía acusado de propinar golpes a varios de los manifestantes heridos, dijo no reconocerse en las fotos que le mostraron. A preguntas del Fiscal, señaló que los manifestantes les sorprendieron al romper el cordón policial y que, cuando se quisieron dar cuenta, ya estaban poniendo pancartas en las puertas del Congreso. Por otro parte, los otros dos policías sentados hoy en el banquillo, acusados igualmente de delitos de detención ilegal, lesiones y faltas de lesiones reiteraron ante el juez que los manifestantes desbordaron el itinerario fijado y que se les invitó a que se retirasen en varios ocasiones de las escaleras del Congreso antes de cargar. LOS HECHOS Y SUS PROTAGONISTAS Consecuencia de dicha carga policial, resultaron lesionadas 59 personas, 14 de ellas graves y 45 leves. Al término de los enfrentamientos, se detuvo a siete de los manifestantes por desórdenes públicos. Se les puso en libertad tras declarar ante el juez. El juicio se está celebrando a instancias de la acusación particular, puesto que la Fiscalía de Madrid no formula acusación. El Ministerio Público entiende que los hechos ocurridos no constituyen delito y, por tanto, no cabe "hablar de autoría". Por ello, reclama que se proceda a la libre absolución de los cinco procesados, que afrontan una pena de hasta 18 años de prisión. En el escrito de acusación, el abogado Endika Zulueta relata que el 26 de noviembre de 2001 tuvo lugar una concentración convocada por la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RECADE), con la autorización de la Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida entonces por Francisco Javier Ansuátegui. El recorrido de la marcha discurrió desde la Plaza de Cibeles hasta la Glorieta de Carlos V. Sobre las 13.00 horas, los manifestantes llegaron a la altura de la confluencia de la Plaza de Neptuno con la Carrera de San Jerónimo, dirigiéndose un grupo a las escalinatas de acceso del Congreso de los Diputados. Entonces, desplegaron varias pancartas a favor de la abolición de la deuda externa de los países del tercer mundo. El subinspector acusado, que se encontraba en los alrededores, contactó con el inspector N. para dar cuenta de lo que estaba sucediendo, dando órdenes este último a los policías de utilizar la fuerza en caso necesario. Entonces, los agentes procedieron a hacer uso de las defensas reglamentarias que llevaban, golpeando a las personas que se hallaban sentadas, tanto con las porras como con patadas. Una vez despejada la escalinata del Congreso, los manifestantes acordaron con el inspector presente leer un comunicado. Tras la lectura, uno de los policías golpeó a la persona que leyó el escrito y la detuvo, sin que opusiera resistencia. Al solicitar los presentes su liberación, ordenó que se utilizara de nuevo la fuerza contra ellos, incluyendo el lanzamiento de pelotas de goma. En la algarada, resultaron heridos 45 manifestantes. La Fiscalía sostiene que, en el curso de la protesta, los manifestantes gritaron e insultaron a los diputados y policías, ante lo que los mandos policiales dieron la orden de dispersión. Los manifestantes se resistieron, y algunos resultaron heridos. También resultaron heridos varios policías.