El Govern recibe 80 peticiones de supresión de barreras arquitectónicas en 2009 valoradas en 9,1 millones de euros

La Asociación de Parapléjicos ha interpuesto en un año 23 denuncias ante Ayuntamientos de Mallorca por no eliminar obstáculos arquitectónicos

PALMA DE MALLORCA, 28 (EUROPA PRESS)

El Govern ha recibido un total de 81 solicitudes de supresión de barreras arquitectónicas en edificios públicos durante el 2009, presupuestadas en 9,1 millones de euros, de forma que se llevarán a cabo 57 proyectos en Mallorca, 5 en Ibiza y 18 en Menorca, que generarán 142 empleos en los próximos tres años.

Así lo informó en el Parlament en respuesta a una pregunta formulada por la diputada socialista Maria Torres el conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, quien recordó que en 2008, el Ejecutivo recibió 62 peticiones en la convocatoria de supresión de barreras arquitectónicas realizada por su departamento, frente a las 25 que registró en 2007.

Por el contrario, criticó que durante los tres últimos años de la pasada legislatura (2006, 2005 y 2004), el Ejecutivo de Jaume Matas no llevó a cabo ningún proyecto de supresión de barreras arquitectónicas, lo que, según señaló, supuso un "retraso insalvable" para cumplir con lo establecido en la Ley de Accesibilidad aprobada en 1993 y que fijaba el 21 de mayo de 2008 como fecha límite para que todos los espacios y edificios de titularidad pública y privada estén adaptados arquitectónicamente para permitir su acceso a personas con movilidad reducida y minusválidos.

"Estamos intentando superar el retraso, aunque es muy difícil", concluyó el conseller de Vivienda y Obras Públicas. Precisamente, la Asociación de Parapléjicos y grandes minusválidos (ASPAYM) ha interpuesto desde el pasado junio de 2008 un total de 23 denuncias ante los Ayuntamientos de Palma, Marratxí y Campanet por incumplir la citada normativa.

Así, el vicepresidente y responsable del Área de Accesibilidad de ASPAYM, Guillem Fullana, informó de que la mayoría de las denuncias iban dirigidas a las entidades financieras Banca March, Banco Santander y Banco Crédito Balear, así como a varias farmacias y supermercados, como Eroski y Mercadona, que no habían eliminado barreras arquitectónicas.

Fullana explicó que una vez se presenta la denuncia al Ayuntamiento, esta institución tiene un plazo de tres meses para garantizar que la institución pública o privada denunciada elimine la barrera arquitectónica y, en caso de que no lo haga, el Consell Insular debe actuar de manera subsidiaria abriendo un expediente y obligando a cumplir la Ley.

Sin embargo, indicó que existe una denuncia presentada hace nueve meses ante el Ayuntamiento de Campanet contra la existencia de un escalón en la entrada de la Posada de Biniatró y, sin embargo, criticó que el Consell de Mallorca no ha abierto siquiera un expediente contra este museo.

Así, reveló que Aspaym ha tomado la decisión de trasladar esta denuncia ante los tribunales, después de que ni el Ayuntamiento de Campanet ni el Consell de Mallorca hayan hecho nada por eliminar esta barrera arquitectónica, si bien apuntó que mientras la institución insular no remita el expediente a su organización, ésta no podrá tener derecho a la justicia gratuita.

Fullana recordó que la citada normativa daba un plazo de 15 años a las instituciones públicas y a las empresas privadas para cumplir el objetivo de eliminar todos los obstáculos para las personas con movilidad reducida y, por este motivo, indicó que a partir del pasado 21 de mayo de 2008, cualquier ciudadano tiene la libertad de interponer una denuncia contra aquellas administraciones públicas o privadas que mantengan las barreras arquitectónicas.

"15 AÑOS DE PACIENCIA"

"Hemos tenido 15 años de paciencia", recalcó el vicepresidente de ASPAYM, quien advirtió de que si ni los Ayuntamientos, ni los Consells Insulares hacen cumplir la Ley y apuestan por el "silencio administrativo", su organización acudirá al Tribunal Contencioso Administrativo para que obligue a las entidades públicas y privadas a eliminar las barreras arquitectónicas. En tal caso, las instituciones municipales estarían también obligadas a pagar una multa por no haber hecho cumplir la Ley 3/1993 de Accesibilidad.

No obstante, el director de ASPAYM, Maties Bosch, remarcó que en los últimos meses, ha notado un "cambio" por parte del Ayuntamiento de Palma, debido a que, según destacó, la Gerencia de Urbanismo se ha comprometido a analizar todas las denuncias para comenzar a suprimir los obstáculos que perjudican a las personas con movilidad reducida.

Sin embargo, criticó el caso de la Conselleria de Educación y Cultura, que lleva nueve años en un edificio ubicado en la calle Capital Salom, al que es necesario entrar a través de unas escaleras mecánicas totalmente inaccesibles para un discapacitado en silla de ruedas.

Por su parte, el director de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple, Juan Luis Sánchez, criticó que ninguna empresa privada de Baleares cumple la Ley de Integración de Minusválidos, que establece que las compañías con una plantilla igual o superior a los 50 trabajadores están obligadas a reservar el 2 por ciento de las plazas para personas con discapacidad.

Por el contrario, resaltó que las instituciones de las islas sí que están cumpliendo esta normativa e incluso recordó que el Govern amplió hasta un 5 por ciento el porcentaje mínimo de trabajadores con alguna discapacidad. Sin embargo, lamentó que casi ninguna administración pública cuenta con este porcentaje, debido a la dificultad que tienen para formarse las personas discapacitadas, lo que en muchas ocasiones, les impide acceder a un puesto cualificado, como es el de funcionario.