Los jueces y secretario de paz de La Rioja participan en una jornada formativa del Gobierno y el CGPJ

LOGROÑO, 24 (EUROPA PRESS)

Los jueces y secretarios de paz de La Rioja participaron hoy en una jornada formativa organizada por el Gobierno riojano y el Consejo General del Poder Judicial en el marco del convenio de colaboración que ambas entidades tienen suscrito en materia de formación.

Los jueces de paz constituyen figuras mediadoras encargadas de resolver litigios de pequeña cuantía de dinero o de menor relevancia legal dentro de una comunidad de pocos habitantes.

En el transcurso de la jornada se han abordado diferentes cuestiones relacionadas con sus competencias en el Registro Civil, en el juicio de faltas y en la Jurisdicción Civil.

En La Rioja existen en la actualidad 171 jueces de paz. Orgánicamente están gestionados en nueva agrupaciones de Juzgados de Paz: Alfaro, Arnedo, Cenicero, Cervera, Lardero, Murillo, Nájera, San Asensio y Santo Domingo.

Sumando los juicios de faltas, actos de conciliación y juicios verbales, estos juzgados intervienen al año en una media de 13.000 asuntos en nuestra comunidad.

Los plenos de los Ayuntamientos son los encargados de elegir al juez de paz en su municipio que posteriormente es nombrado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia por un periodo de cuatro años.

Pueden ser nombrados jueces de paz aquellas personas que sin ser Licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en la Ley para el ingreso en la carrera judicial.

Sus competencias en el Orden Civil son Actos de conciliación; Juicios verbales; Encargados del Registro Civil: inscripciones de nacimiento, defunción, expedición del libro de familia. También pueden celebrar bodas civiles.

En el Orden Penal sus competencias pasan por los juicios por faltas como los realizados a aquellas personas que realicen actos contra el deslucimiento de inmuebles, bienes del dominio público o privado, o faltas sobre la flora y los animales.

Asimismo, también realizan determinadas funciones específicas de cooperación y auxilio judicial cuando sean requeridas para ello por otros órganos que estén conociendo un proceso penal abierto o precise de su ayuda.