Prodeni alerta del "oscurantismo" de los centros de protección de menores y critica problemas de acceso para abogados

Abogados lamentan la "gran indefensión" de los menores y sus dificultades para comunicarse con los internos SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS) La Asociación Pro-Derechos del Niño y de la Niña, Prodeni, alertó hoy del "oscurantismo y la falta de transparencia" que impone la Junta de Andalucía en los centros de protección de menores de la comunidad, circunstancia que "dificulta al máximo" la labor realizada por los abogados que representan los intereses de los internos. Según explicó a Europa Press el portavoz de Prodeni, José Luis Calvo, el sistema de protección de menores en Andalucía es un "coto cerrado", que "no sólo impide el acceso a investigadores universitarios como ha advertido recientemente el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, sino también a los propios abogados encargados de defender los intereses de los menores internos en alguno de los dispositivos de la comunidad". Así, Calvo afirmó que, en la mayoría de las ocasiones, la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta --encargada de la gestión del sistema público de protección de menores-- "niega los informes de los menores, impide que se interactúe con los niños y ponen todo tipo de trabas a los letrados para desempeñar su trabajo". Por ello, aclaró, los abogados se ven obligados a acceder a los expedientes de los menores que representan por requerimiento judicial, o bien, cuando "después de mucho trabajo y esfuerzo, consiguen que la Dirección General de Infancia les facilite el informe, éste llega en pésimas condiciones: fotocopiado y prácticamente ilegible o desordenado". El portavoz consideró que "no es de recibo que una entidad pública, obligada a permitir que la sociedad trabaje con ellos, aún más lo abogados, imponga ese principio de secreto que existen en los centros de menores, el cual se justifica con la excusa de preservar la confidencialidad de los internos". "Lo que realmente preocupa a la Administración es que se conozca la realidad de los centros de menores, las deficiencias que existen, la presión o el desbordamiento con los que trabajan los equipos profesionales, la relación que existe con las familias o la escasa coordinación entre los departamentos", apuntó Calvo, quien dijo que, en este contexto, "cabe preguntarse qué trato están recibiendo los niños internos en los dispositivos de protección". Por su parte, el abogado de menores en Cádiz Joaquín Olmedo confirmó los "problemas" que tienen los letrados "tanto para acceder a un centro de protección de menores como para comunicarse con los internos involucrados en un caso de desamparo --incluso a través de correspondencia-- cuando representan los intereses de un padre o una madre que entiende que su hijo no tendría que estar en esta situación". Olmedo aseguró que las restricciones son "excesivas", ya que "hasta en un centro penitenciario el abogado representante puede comunicarse o ver a su cliente cuando desee". "Con estas premisas, parece que un menor residente en un centro de protección está mas desprotegido que un preso de primer grado", lamentó. "AUSENCIA DE REGLAMENTO DE SANCIONES" Así, criticó la "gran indefensión que sufren los menores internos en centros de protección", refiriéndose especialmente a la "ausencia de un reglamento que tipifique las infracciones y posibles sanciones que puedan darse en estos dispositivos, con el objetivo de disponer de una referencia para comprobar que se está aplicando una metodología educativa apropiada". "En un centro de protección pueden cometerse infracciones de cualquier índole, porque estamos hablando de menores con trastornos de conducta y, además, es cierto que se precisan normas, pero se necesita una referencia para saber si las sanciones que se imponen son correctas o no y qué revisión administrativa o judicial tienen", explicó. Además, consideró "fundamental" que se garantice al interno su derecho de ser oído en todas las partes del proceso y de contar con un letrado que lo represente "incluso en contra de los propios intereses de sus padres". Por otro lado, el abogado consideró "necesario" que la Junta de Andalucía tenga "cierto control sobre los profesionales que trabajan en los centros de protección", porque, "aunque existen profesionales magníficos, también hay personas que no deberían de trabajar en los mismos". Además, advirtió que estos profesionales se encuentran "sobresaturados de trabajo y con mucha presión, llegando algunos a sufrir agresiones por parte de internos porque son menores conflictivos". "La trasparencia es la mejor forma de evitar todos estos problemas --insistió--, y si hay irregularidades las resolverá la Justicia, pero tenemos que plantearnos que parte de la futura sociedad se está formando en esos centros y la responsabilidad es de todos, luego no podemos asustarnos cuando un menor comete un delito", apuntó. "OBSTÁCULOS" PARA LOS INVESTIGADORES Asimismo, lamentó los "obstáculos" que la Administración pone a los promotores de proyectos de investigación sobre el sistema de protección de menores en la comunidad, tal y como ha advertido el Defensor del Pueblo Andaluz, quien considera que la Junta de Andalucía debería de "flexibilizar" los criterios establecidos a la hora de permitir el acceso a la red de centros de protección de menores, pues entiende que "se está efectuando una interpretación excesivamente restrictiva" de la normativa. En este sentido, el portavoz de Prodeni afirmó que los investigadores "necesitan trabajar con la materia prima del objeto de su proyecto, que en este caso son los centros de menores o los menores mismos, sin que quepa ninguna duda de su profesionalidad y respeto a los derechos de los internos, porque hablar de carencias o deficiencias no vulnera la intimidad de ningún niño". "Lo que ocurre, es que sin datos, no se pueden hacer preguntas, y sin preguntas, la Administración se libra de tener que responder ante posibles deficiencias en la calidad del servicio prestado a los menores tutelados", lamentó, asegurando que una Administración "oscurantista es un riesgo en sí para los niños". Así, el portavoz se refirió a las "repetidas negativas" que han recibido un grupo de investigadores pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga por parte de la Consejería para la Igualdad ante su petición de acceso a la red de centros de protección de menores para llevar a cabo una investigación sobre la situación de los menores tutelados y sus posibilidades reinserción. Se trata, según informó, de un proyecto subvencionado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa que la Facultad intenta desarrollar desde hace un año "sin contar con ningún tipo de ayuda de la Administración, que les ha cerrado todas las puertas".