Defensor del Pueblo Andaluz advierte de la "escasa dotación" de recursos de las Oficinas de Extranjería y pide más presupuesto

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha alertado de la "escasa" dotación de recursos humanos y materiales existentes en las Oficinas de Extranjería y los Ayuntamientos de Andalucía, por lo que demandó una mayor inversión de la Administración para resolver estas "carencias".

Según una resolución emitida por la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y recogida por Europa Press, la institución ha recibido en los últimos tiempos un "elevado número de quejas tanto por la cantidad como por el contenido" que señalan la "tarea pendiente de dotar de recursos suficientes a las Oficinas de Extranjería y los Ayuntamientos" en materia de inmigración.

Dichas carencias, según el Defensor, son fruto, por un lado, el aumento de la población extranjera en Andalucía en una proporción "mucho mayor" al del personal que trabaja en las Oficinas de Extranjeros o dependencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Ministerio del Interior, destinados a la tramitación de los expedientes en esta materia.

Por otro lado, Chamizo apunta a las nuevas competencias que se les asignaron a los Ayuntamientos en la última modificación de la legislación de Extranjería, en relación a la elaboración de informes sobre la vivienda para autorizaciones de residencia por reagrupación familiar, o los informes de arraigo social, con el periodo de adaptación que requiere asumir esas tareas --recibir una formación adecuada el personal destinado ello, establecer nuevos protocolos de atención y organizarse al respecto, lograr fondos para cubrir los gastos que todo esto supone a nivel humano y material, o coordinarse con las dependencias de las Subdelegaciones del Gobierno donde van a valorar esos documentos--.

Según advierte Chamizo, en el caso de los Ayuntamientos, son varias las quejas que se generaron como consecuencia de los "retrasos" en la expedición de los informes de arraigo social, necesarios para la tramitación de las autorizaciones de residencia acogiéndose a estas circunstancias.

Éstas hacen mención al problema en la caducidad de otros documentos necesarios como los certificados de antecedentes penales durante el tiempo de espera, o en el riesgo de que le inicien a la persona en situación irregular un procedimiento sancionador que culmine con la expulsión, o sencillamente que el empleador que estaba interesado en su contratación futura no haya podido mantener su compromiso.

Pasando ya a las Subdelegaciones del Gobierno ubicadas en la Comunidad Autónoma andaluza, los problemas surgen en el "volumen de trabajo" que éstas enfrentan, según el Defensor andaluz. Tal y como advierte, se ha requerido la intervención de la institución en "múltiples casos" en los que el Defensor se ha limitado a dar traslado de situaciones "excepcionales en las que, por el volumen de expedientes que en éstas se tramitan, no han podido detectarlas".

En este sentido, refiere, como ejemplo, una queja en la que el interesado expuso las "dificultades" por la que estaba atravesando para regularizar su situación en España, siendo padre de familia de dos niñas y teniendo una de éstas la nacionalidad española. Este ciudadano, que llegó a España en Agosto de 2005, solicitó autorización de residencia por circunstancias excepcionales atendiendo a tener descendiente de nacionalidad española a su cargo.

Sin embargo, con fecha 3 de junio de 2008 se le denegó su solicitud al no acreditar la permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años, por lo que el 14 de julio de 2008, interpuso recurso de reposición fundamentado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo donde se recoge que la existencia de hijos menores de nacionalidad española ha de ser tenida en cuenta como razón excepcional de arraigo, la existencia de otras vías para acceder a la residencia por circunstancias excepcionales atendiendo al artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000 y la imposibilidad ser expulsado al suponer esto la desmembración de la familia.

Atendiendo a las circunstancias expuestas el Defensor dio traslado a la Subdelegación del Gobierno con objeto de que se revisara el expediente, recibiendo una respuesta positiva en la que se nos informaba de la resolución favorable del recurso interpuesto.