El Gobierno de EEUU ha interceptado e-mails y llamadas telefónicas por encima del límite legal, según el 'NYT'

WASHINGTON, 16 (EUROPA PRESS)

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos ha interceptado en los últimos meses e-mails y llamadas de teléfono por encima de los límites permitidos por el Congreso norteamericano y contemplados en la normativa aprobada el año pasado, según fuentes de inteligencia consultadas por el diario 'The New York Times'.

Las diversas fuentes consultadas difieren, sin embargo, en el cometido de estas incursiones en el ámbito privado de los estadounidenses, ya que mientras unas las califican de sistémicas y significativas, otras las consideran involuntarias.

El Departamento de Justicia se limitó a asegurar que desconocía estas prácticas y a aclarar que, en cualquier caso, las analizaría para resolver cualquier incorrección. No obstante, el 'New York Times' señaló que representantes del Gobierno se han reunido en las últimas semanas para tratar las controversias detectadas y evitar que los errores, intencionados o no, puedan dañar la imagen de los servicios de inteligencia y de la administración comandada por Barack Obama.

La NSA aclaró ayer por la noche (madrugada en España), en un comunicado, que sus programas respetan "estrictamente" las leyes y regulaciones estadounidenses. "Cuando se cometen errores involuntarios, nos los tomamos muy en serio y trabajamos inmediatamente para corregirlos", afirmó la agencia en su nota.

RUPTURA CON BUSH

Las fuentes denunciaron que la vigilancia sin garantías de llamadas y correos electrónicos no implica necesariamente la escucha o lectura de estas comunicaciones, sino la simple interceptación. Al parecer los objetivos de estas acciones fueron estadounidenses que se comunicaban con objetivos de la NSA en el extranjero.

El Congreso estadounidense revisó las políticas de vigilancia el año pasado en respuesta a la polémica despertada por los sistemas utilizados durante el Gobierno de George W. Bush. La anterior administración mantenía la "guerra contra el terrorismo" por bandera para defender unas políticas iniciadas tras el 11-S y que asociaciones tanto de dentro como de fuera de Estados Unidos denunciaron por suponer una violación de la intimidad.