El PP acusa al Gobierno de "manipular" el censo electoral y el Caamaño censura sus "conjeturas" y "sospechas"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS) El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, acusó hoy al Gobierno, ante el Pleno del Congreso, de "manipular" el censo electoral en las generales de 2008 para que la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega pudiera votar en la circunscripción de Valencia, una afirmación que negó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, asegurando que se cumplió la ley y que no se deben realizar conjeturas y sembrar sospechas en relación con el derecho constitucional al ejercicio del sufragio. González Pons, que fue rival de De la Vega por la circunscripción de Valencia en las generales de marzo de 2008, aseguró que la inscripción de la vicepresidenta en el censo electoral de esa provincia es "un acontecimiento feo y oscuro que arroja sombras de sospecha". "El Gobierno manipuló el censo para que su vicepresidenta pudiera votar", sentenció. Su grave acusación se fundamenta en que el censo electoral se cerró el 1 de diciembre de 2007 pero, según recoge el Instituto Nacional de Estadística, no recoge cambios de domicilio posteriores al primer día del mes anterior, mientras que la vicepresidenta se empadronó en Valencia el 27 de noviembre. "DIRECTRIZ SECRETA PARA UNA VOTANTE VIP" Según su versión, la vicepresidente reclamó su no inclusión en el censo pero le fue denegada y, en vez de recurrir a los tribunales, la Oficina del Censo Electoral optó por adoptar una resolución general en enero permitiendo esos cambios de domicilio del mes de noviembre. "Fue una directriz secreta que no se publicó en el Boletín Oficial ni se comunicó a la Junta Electoral Central", proclamó, recalcando que con ella se cambiaba el criterio de confección del censo". "El Gobierno forzó la maquinaria con la voluntad expresa de tener un voto más en la Comunidad valenciana y de tapar la clamorosa ausencia de una votante VIP --resumió--. Esto no tiene justificación en el ámbito de la decencia política". Es más, González Pons se refirió a un caso similar que afectaba a un concejal del PP que, según dijo, "está siendo perseguido por la Fiscalía". En ese contexto, acusó al Ejecutivo de aplicar una "doble vara de medir" en función de quién sea el elector. Caamaño dijo sentir "perplejidad" ante las acusaciones del dirigente del PP. "No hay nada más pernicioso para el Estado de derecho que la conjetura --proclamó--. Son castillos construidos con naipes marcados que no resisten la más mínima brisa. Ha levantado un escenario de cartón". Según explicó, el censo electoral de 2008 es el que se correspondía con la Ley Electoral (LOREG), que pone como fecha el 1 de diciembre y la vicepresidenta se empadronó antes. Agregó que la limitación de movimientos al primer día del mes anterior (1 de noviembre) es una resolución administrativa de 2004 que debía revisarse. HABÍA OTROS 300 AFECTADOS CON DERECHO A VOTAR "Entre una resolución administrativa y una ley, todos estamos obligados a aplicar la ley, máxime cuando se trata del ejercicio de derechos fundamentales --aseveró--. No busque oscuridades ni retuerza órdenes y resoluciones". Además, recalcó que la actualización de ese criterio por parte de la Oficina del censo Electoral, insistió Caamaño, no se hizo expresamente para De la Vega, sino que igual que ella estaban en la misma situación otras trescientas personas. Por último, explicó que ese criterio de la Oficina del Censo Electoral permitiendo las actualizaciones por cambio de domicilio en noviembre no se publicó en el BOE porque no debía hacerse, ya que se trataba de un acto administrativo para responder a las personas afectadas y no de una norma general.