El Supremo brasileño debatirá la abolición de la Ley de Prensa y el título de periodistas

  • Brasilia, 31 mar (EFE).- El Supremo Tribunal Federal de Brasil debatirá mañana la posible anulación de la Ley de Prensa, promulgada por la dictadura militar en 1967, y una demanda que pide acabar con la obligación del título universitario para ejercer el periodismo.

El Supremo brasileño debatirá la abolición de la Ley de Prensa y el título de periodistas

El Supremo brasileño debatirá la abolición de la Ley de Prensa y el título de periodistas

Brasilia, 31 mar (EFE).- El Supremo Tribunal Federal de Brasil debatirá mañana la posible anulación de la Ley de Prensa, promulgada por la dictadura militar en 1967, y una demanda que pide acabar con la obligación del título universitario para ejercer el periodismo.

"Son dos asuntos que superan los intereses de los periodistas y de las empresas de comunicación y hablan de un derecho fundamental de los ciudadanos, que es la libertad de expresión", indicó en un artículo publicado hoy la presidenta de la Asociación Nacional de Diarios, Judith de Brito.

La abolición de la Ley de Prensa dictada por el régimen militar y todavía en vigor une a periodistas y editores, en especial porque el texto establece prácticas de censura y, como ya determinó el Supremo Tribunal, viola preceptos constitucionales y democráticos.

El año pasado, por esas razones, el Supremo suspendió la vigencia de 22 de los 77 artículos de la ley, entre ellos los que castigan con penas de cárcel más severas de las establecidas en el Código Penal la calumnia, injuria y difamación cometidos por periodistas.

"Es una legislación antidemocrática, que tiene el objetivo de limitar la difusión de informaciones y opiniones, imponiendo un ambiente oscurantista a la sociedad", dijo de Brito en su artículo, publicado hoy en varios periódicos.

El diputado y periodista Miro Teixeira, quien presentó la demanda de nulidad de la ley, manifestó su convicción de que los magistrados aceptarán sus alegatos, pues "son los de la totalidad de la sociedad brasileña".

Según Paulo Tonnet Camargo, director de la Asociación Nacional de Diarios, "lo que debe existir es una ley que regule el ejercicio de los derechos individuales, como el derecho al respeto y la privacidad", de modo de contener los excesos de la prensa.

El presidente de la Federación Nacional de Periodistas, Sergio Murillo de Andrade, respalda la anulación de la ley, pero considera que el Congreso está en deuda con la sociedad y debe discutir un nuevo texto legal que regule la profesión y a la propia prensa.

"Los códigos Penal y Civil son insuficientes para los casos que tienen que ver con la prensa, por lo que es mejor que haya una ley específica", señaló Murillo de Andrade.

Si bien editores y periodistas cierran filas en contra de la ley promulgada por el régimen militar que se instaló hace exactamente hoy 45 años, con el golpe del 31 de marzo de 1964, y duró hasta 1985, la obligatoriedad del título universitario para el ejercicio del periodismo los divide.

Según Judith de Brito, esa obligación "empobrece el periodismo" e "impide que talentos de otras áreas ejerzan la noble actividad de informar".

La presidenta de la Asociación Nacional de Diarios apuntó que "son muy pocos los países, sobre todo del mundo democrático, que tienen normas similares, por su evidente carácter corporativista".

De Brito añadió que "son bienvenidas las escuelas de periodismo, pues ayudan a calificar a quien desea ejercer la profesión", pero sostuvo que "es un equívoco imaginar que sólo quienes pasan por ellas serán buenos profesionales".

La Federación Nacional de Periodistas se sitúa diametralmente en contra y niega que el título suponga una "reserva de mercado", sino que certifica que una persona se ha preparado debidamente para ejercer la profesión.

"Las profesiones evolucionan", declaró Murillo de Andrade, quien sostuvo que, por su repercusión en la sociedad, el periodismo "debe tener exigencias mayores" de las que tiene hoy.

La obligatoriedad del título también fue impuesta por el régimen militar, hace 40 años, pero fue suspendida en 2001 por la decisión de un juez regional respaldada luego por el Supremo Tribunal, que mañana deberá pronunciarse definitivamente sobre el asunto.