El Gobierno aprueba el proyecto de ley de creación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy el proyecto de ley para la creación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, un organismo autónomo dependiente de la Consejería de Empleo y Bienestar Social que va a permitir una gestión "más eficaz y ágil" de las prestaciones, centros y servicios sociales de la comunidad. El proyecto se trasladará ahora al Parlamento regional para su aprobación.

Según ha explicado y la vicepresidenta regional y responsable de esa Consejería, Dolores Gorostiaga, este organismo permitirá ejercer de forma descentralizada las competencias de gestión en este ámbito, y estará dotado de personalidad jurídica propia, lo que permitirá la "interlocución directa" con los beneficiarios de los servicios y quienes colaboran en su prestación, facilitando la coordinación con todas las partes que intervienen en el proceso.

Gorostiaga señaló que la Dirección General de Servicios Sociales cuenta con una plantilla de 1.100 personas para atender los centros de servicios sociales de Torrelavega, Reinosa, Santander y Laredo; los de atención a la dependencia de Santander, Sierrallana, Laredo y La Pereda; el Centro de Día de Castro Urdiales; el de Accesibilidad y Ayudas Técnicas de Cantabria; siete centros de mayores; la residencia de Santoña; el de Atención a la Infancia y Adolescencia de Laredo; el de Infancia y Familia de Santander y cinco para la primera infancia.

Destacó además que esta dirección general ocupa el cuarto lugar en volumen de gestión presupuestaria, con más del 6% del total del presupuesto de gasto de la Comunidad Autónoma, en el que la atención a la dependencia tiene "un peso fundamental". En concreto este año su presupuesto asciende a 152 millones de euros.

Según Gorostiaga, en los próximos años se va a producir una "extensión notable" de la protección social, debido al envejecimiento de la población, la inmigración, la incorporación de la mujer al trabajo, y otros factores, y además ésta deberá prestarse con criterios "de calidad acreditada" que exigirán la "coordinación" de una pluralidad de órganos y personas, tanto de la propia Administración, como de la iniciativa privada.

Por estos motivos destacó la conveniencia de la creación de este nuevo instituto para afrontar el "reto" de atender el derecho a la protección social de los ciudadanos, mediante un sistema organizativo que favorezca la inmediatez y permita dar una respuesta "individualizada, eficiente y ágil" a las demandas, y con criterios de "calidad".

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