Una madre, en huelga de hambre frente a Bankia ante su inminente desahucio

Rocío del Pilar Pérez tiene dos hijas, comenzó pagando 600 euros de hipoteca en 2.004 pero hoy la cuota asciendo a 1.200, el próximo miércoles se enfrenta a su desahucio. Está agotando los últimos cartuchos: "Me declaro en huelga de hambre", afirma tras salir de una sucursal de Bankia, banco con el que contrató su préstamo.

Esta mañana ha acudido a él para conseguir un alquiler social, a su lado se encontraban dos miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) pero ningún responsable de la entidad ha querido atenderles.

"Solamente ha querido recibirnos el responsable de la vigilancia, esto es un problema de seguridad para ellos" , afirma indignado Rafael Mayoral, asesor jurídico. "Ni siquiera nos han dado una respuesta a la solicitud reiterada de un alquiler social".

Así, a partir de este lunes y hasta el miércoles que debería llevarse a cabo el desahucio de Rocío en la calle Vázquez de Mella de Madrid, esta madre ha decidido quedarse en las puertas del banco en la plaza del Celenque. "Ya he hablado para que cuiden a mis niñas", asegura decidida, "si me echan , los servicios sociales se llevará a mis hijas y yo me voy a la calle. Mis hijas no tienen la culpa de la situación económica".

Desde Bankia aseguran a lainformacion.com que el caso de Rocío está "en manos de un tribunal" y que el banco "siempre ha mantenido una actitud negociadora" en los procesos de desahucio. "En los últimos tiempos se han hecho más de 80.000 adecuaciones", aseguran.

El desenlace a la historia de Rocío podría llegar el próximo miércoles, a las once horas los miembros de la PAH han convocado a la población para paralizar su desahucio. "Es absolutamente incomprensible que una entidad financiera que está recibiendo miles de millones de euros públicos se permita el lujo de poner a familias sin alternativa habitacional en la calle", lamenta Mayoral, "y más todavía cuando esas viviendas están destinadas a permanecer vacías de forma indefinida".

El caso de Rocío no es un caso aislado, es sólo un ejemplo de los 526 desahucios diarios que se producen nuestro país y que la PAH lleva años denunciando y trantado de evitar. "Lo que hacemos es poner rostro al drama de miles de personas", afirma Feli Velázquez, integrante de la PAH y continúa, "o toma cartas el Gobierno en este asunto o terminará siendo un grave problema social".

Firmas de respaldo a la labor de la PAH

El pasado fin de semana la organización salió a la calle para recoger firmas que apoyen una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que esperan regular la dación en pago retroactiva, establecer un proceso de moratoria de desahucios e implantar alquileres sociales para que los afectados puedan permanecer en las viviendas.

Sólo en Madrid se ubicaron 152 mesas de recogida de firmas, de momento, con 70 mesas contabilizadas, se han recogido más de 23.500. "La gente se acercaba no sólo para firmar, también nos explicaba la situación dramática por la que estaban pasando".

La acción, que comenzó el 18 de abril y finaliza el 31 de octubre, pretende obtener las 500.000 rúbricas que se requieren para avalar la presentación de una ILP. "A falta de acabar el recuento, estamos convencidos de que ya hemos conseguido la cantidad necesaria", afirma Velázquez.

"Creemos que es totalmente legítima la respuesta de la sociedad civil y está siendo efectiva", explica Mayoral y continúa, "la inmensa mayoría se encuentra posicionada con la paralización de los desahucios y con la necesidad de acabar con las deudas perpetuas derivadas de préstamos hipotecarios impagables".

En marzo de este año el consejo de ministros aprobaba un código de conducta para las entidades financieras en relación a los desahucios a personas en "riesgo de exclusión social". Sin embargo, afirma Velázquez, "el Real Derecto Ley no ha tenido ningún resultado porque no tiene obligación ningún banco de llevarlo a cabo".

De hecho, según datos de la PAH, el número de desahucios ha aumentado un 30 por ciento en el último año. "Es una cifra inasumible", asegura Mayoral y lamenta que con ello se "fomentará la exclusión social de las personas más vulnerables".