Así consta en un escrito en el que se detalla que la apertura de la investigación se realiza al efecto de "depurar las posibles responsabilidades administrativas que haya podido tener la dirección del centro como la Agencia Madrileña de Atención Social", adscrita a la Consejería de Políticas Sociales.
Agrega que lo hace ante la labor de sendas partes de "supervisión e inspección" y al estimar que se han producido "deficiencias en la atención de los usuarios del centro".
Según ha adelantado la 'Cadena Ser', el fiscal que lleva el caso destaca en el escrito que las sujeciones de la víctima "no habían sido ni pautadas por el médico, ni consentidas por la familia".
El consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, defendió cuando se produjeron los hechos que la actuación de la residencia fue "acertada, correcta y ejemplar", y achacó la muerte a un "fatídico accidente" motivado por "el estado basal" de la residente.
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