Lo explica el informe anual correspondiente a 2016 que la Defensora, Soledad Becerril, ha entregado este martes en el Congreso y en el que afirma que durante el año pasado tanto personas a título individual, como organizaciones no gubernamentales, se dirigieron al Defensor del Pueblo "aportando material audiovisual que registraba estas prácticas".
Por eso, la institución recuerda que "las autoridades españolas deben garantizar que los extranjeros puedan formalizar solicitudes de protección internacional cuando sean interceptados por funcionarios españoles, con independencia de que esta eventualidad se produzca fuera o dentro de las aguas territoriales españolas".
"Las devoluciones expeditivas de personas rescatadas del mar no respetan la normativa en materia de asilo, tal y como ha señalado el Defensor del Pueblo en anteriores informes anuales. Este tipo de actuación no permite que potenciales solicitantes de asilo puedan recibir la protección que garantiza el Convenio de Ginebra", dice la Alta Institución.
El trabajo explica que la Dirección General de la Guardia Civil considera que "actúan en cumplimiento de la normativa" y en uno de los informes remitidos a la institución con motivo de una de las intervenciones efectuadas, afirmaba que habían actuado "en cumplimiento de una Orden de Servicio sobre Vigilancia e Impermeabilización de Fronteras en la Ciudad de Ceuta".
"Según dicha orden, los funcionarios de la Guardia Civil tendrían la misión de 'Materializar las tareas de impermeabilización fronteriza en el mar, que fundamentalmente consistirán en la detección temprana de las embarcaciones que con inmigrantes traten de acceder a territorio nacional. Esta detección debería, caso de ser posible, permitir alertar de forma oportuna a las autoridades marroquíes para que se hagan cargo de la incidencia antes de que los inmigrantes se acerquen a las aguas españolas'".
SIN APOYO A SUPERVIVIENTES DE NAUFRAGIOS
También en el capítulo de migraciones, el informe del Defensor del Pueblo reitera su "preocupación por la salud física y psicológica" de los supervivientes de naufragios de pateras. La institución formuló una recomendación que instaba a elaborar un protocolo de actuación con estas personas rescatadas en el que se incluyese asistencia psicológica especializada, pero la propuesta fue rechazada por el la Administración General del Estado.
"Esta institución cerró las actuaciones comunicando a la Administración su diferencia de criterio en esta cuestión. Se considera que en casos de fallecimientos durante la travesía y, ante la situación de precariedad física y psicológica en la que quedan los supervivientes, debe prevalecer su condición de víctimas y ser atendidos de manera adecuada, sin que permanezcan largo tiempo en dependencias policiales o ingresados en CIE, que no reúnen las condiciones", afirma.
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