La mayor parte de las principales ONG de ayuda a los inmigrantes en el Mediterráneo, entre ellas Médicos sin Fronteras y Save the Children, han suspendido sus tareas de rescate tras la decisión tomada a mediados de esta semana por las autoridades libias de ampliar su zona exclusiva de búsqueda y rescate hasta más allá de los 22 kilómetros de distancia que marcan sus aguas territoriales.
La decisión fue dada a conocer el pasado 10 de agosto por el comandante Abdelhakim Bouhaliya, responsable de la base naval libia de Abú Sitta, en Trípoli. Libia "ha creado oficialmente un área de búsqueda y rescate (SAR) donde ningún buque extranjero tendrá derecho a entrar a menos que se dé una petición expresa a las autoridades libias".
El portavoz de la Marina libia, general Ayub Qassem, aclaró de manera definitiva las intenciones de esta decisión, adoptada explícitamente contra "las ONG que sostienen la inmigración ilegal argumentado que se trata de un esfuerzo humanitario", y con un claro tinte soberanista. "Queremos enviar un mensaje claro a todos aquellos que violan la soberanía de Libia y la falta de respeto a la Guardia Costera y la Armada de este país", declaró.
Casi 600.000 migrantes han llegado a Italia en los últimos cuatro años, la inmensa mayoría a través de mafias en embarcaciones ilegales desde las costas de Libia. Más de 13.000 personas han muerto tratando de llegar a Europa a través de este paso.
PRESIÓN
El anuncio libio supone la culminación de meses de presión sobre las ONG, que han tenido que defenderse de la acusación de que no son más que un servicio de las mafias migratorias, que aprovechan sus trabajos de rescate, como llegó a decir el jefe de la agencia fronteriza de la Unión Europea (FRONTEX), Fabrice Leggeri, el pasado mes de febrero en una entrevista concedida al diario alemán 'Die Welt'.
"Entiendo que la ley marítima implica que todos los marinos tienen el deber de rescatar a gente en peligro pero tenemos que evitar dar apoyo a los negocios de las redes criminales y de los traficantes libios mediante la acción de los barcos europeos que cada vez se acercan más a las costas libias a recoger a los inmigrantes", aseveró Leggeri, que además acusó a algunas ONG de "faltar a la cooperación con las agencias de seguridad europeas a la hora de facilitar las investigaciones sobre la procedencia de los rescatados".
Lo que fueron unas declaraciones condenadas al unísono por las ONG -- MSF las calificó de "extremadamente graves" y acusó a la UE de no concederles ninguna oportunidad de responder a ellas ante las instituciones comunitarias, como lamentó la asesora de MSF Aurelié Ponthieu --, fueron intensificándose durante las semanas siguientes, conforme el Ejército italiano comenzó a entrenar a la Marina libia para especializarla en el rescate de inmigrantes, un indicio de que la labor de las ONG estaba a punto de pasar a un segundo plano en favor de la acción individual del país norteafricano.
El ministro de Exteriores italiano, Angelino Alfano, destacó en este sentido que "el papel cada vez mayor de Libia estaba conteniendo la llegada de inmigrantes y produciendo un bienvenido reajuste en el Mediterráneo", antes de hablar de otro elemento importante en esta situación: la declaración de un código de conducta de atención en el mar, impulsado por Roma, y que sostiene que "la actividad del rescate de personas no puede disociarse de un protocolo para la recepción sostenible de individuos".
La firma del código ha causado tensiones entre las ONG de salvamento mientras otras organizaciones pro Derechos Humanos, como Human Rights Watch, han advertido durante las últimas semanas de que Libia no solo no está preparada para asumir en solitario la responsabilidad de las tareas de salvamento, sino que sus militares se comportan de forma displicente, temeraria y agresiva, hasta el punto de que han llegado a abrir fuego de advertencia contra los barcos de ONG, como sucedió el 23 de mayo contra el barco Aquarius de MSF/Sos Méditerranée e incluso contra barcos de la Marina italiana, según testimonios recogidos por HRW de un incidente ocurrido el 26 de mayo.
"Por norma general, las fuerzas libias recogen a los inmigrantes, los desembarcan por la fuerza y les llevan a Libia, donde son objeto de graves abusos, entre ellos tortura, violación y trabajos forzados", ha denunciado la organización, que recuerda que Libia "jamás ha delimitado oficialmente su zona de rescate" (se especula con que ahora está fijada a 70 kilómetros de la costa). HRW cuenta con testimonios de que incluso la Marina libia ha disparado contra inmigrantes, acusaciones que los militares niegan categóricamente.
"No queremos vernos envueltos en este jueguecito que están llevando a cabo los ministros europeos, que solo tienen la intención de conseguir titulares relacionando nuestros rescates con los traficantes", ha lamentado la portavoz de la ONG Sea Watch, Theresa Leisgang wrote. "Más barcos de ONG significan menos muertos. Punto final". Médicos sin Fronteras ha asegurado que "no hay una sola prueba que demuestre esas acusaciones".
LIBIA PIDE 20.000 MILLONES DE EUROS
Uno de los actores más importantes dentro de la caótica situación política en Libia, el general Jalifa Haftar, estima que el país necesitará aproximadamente unos 20.000 millones de euros a lo largo del próximo cuarto de siglo para contener la inmigración. "Tengo los elementos", ha declarado al diario italiano 'Corriere della Sera', "pero no los recursos".
Haftar pretende instalar un muro de 4.000 kilómetros a lo largo de la frontera sur del país para contener la llegada de inmigrantes subsaharianos, establecer campamentos militares móviles, con 150 guardias fronterizos cada uno.
El general ha asegurado que tiene previsto enviar al presidente francés, Emmanuel Macron, una lista de recursos para facilitar las "labores de contención": vehículos acorazados, drones, detectores de minas, helicópteros, armas y municiones.
LAS ONG DEJAN DE ACTUAR
"Hemos dejado una brecha letal en el Mediterráneo", ha lamentado en Facebook el fundador de Sea Watch, Michael Busch Heuer, antes de acusar a Libia de lanzar una "amenaza explícita" contra las organizaciones no gubernamentales.
"Cuando estas órdenes entren en vigor, vamos a ver dos consecuencias graves: más muertes en el mar y más gente atrapada en Libia", ha declarado la directora de operaciones de MSF, Annemarie Loof. "Si los barcos humanitarios son expulsados del Mediterráneo, habrá menos naves en el área para rescatar a la gente del ahogamiento, y aquellos que no se ahoguen serán interceptados y devueltos a Libia que, como sabemos, es un lugar de iniquidad, detención arbitraria y violencia extrema".
"Los acontecimientos recientes representan otro elemento preocupante de un entorno cada vez más hostil para las operaciones de rescate salvavidas", ha añadido por su parte Brice de le Vingne, director de operaciones de MSF. "Los estados europeos y las autoridades libias están implementando un bloqueo sobre la capacidad de las personas para buscar seguridad, y es un ataque", ha subrayado, "inaceptable a la vida y la dignidad de las personas".
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