AMPL.- Prisión para dos oficiales militares, un guardia civil y un constructor por falsificación en documento oficial

PALMA DE MALLORCA, 25 (EUROPA PRESS) El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a sendas penas de tres años de prisión al ex coronel jefe de la Guardia Civil Francisco García Peña y al teniente coronel Luis Cuadri Duque, así como a seis meses de cárcel al constructor Jaime Ferragut y al capitán del Instituto Armado José López Trujillo, todos ellos por un delito de falsificación en documento oficial. Se trata en el caso de García Peña de una pena muy superior a la que solicitó el Ministerio Fiscal en la exposición de sus conclusiones finales durante el juicio que el pasado mes de diciembre se celebró en el órgano judicial por el caso Facturas, por el que se investigaba la confección de un certificado por parte de Peña para justificar unas obras en su vivienda oficial del cuartel del Polígono de Levante que nunca se llevaron a cabo. Asimismo, el tribunal impone a García Peña dos años de inhabilitación y una multa de seis meses a seis euros diarios, las mismas penas que a Cuadri, y también seis meses de multa por seis euros al día para Ferragut y López Trujillo. En concreto, la Fiscalía solicitaba para García Peña tres meses de prisión y tres de multa a razón de 180 euros mensuales por el delito de falsedad en documento mercantil, además de un año de suspensión por falsedad de certificado, mientras que para Trujillo pedía el mismo periodo de suspensión así como seis meses de prisión y seis de multa (180 euros al mes) por falsedad en documento mercantil. Al mismo tiempo, Ferragut se enfrentaba a una petición de seis meses de prisión y seis de multa (180 euros al mes) por el mismo delito. Tal y como relata el tribunal en la sentencia como hechos probados, García Peña, antes de tomar posesión en su cargo como coronel jefe del Instituto Armado en Baleares, solicitó a la Dirección General de la Guardia Civil una reasignación de crédito tras observar en el pabellón que le asignaron como vivienda la necesidad de reformas y la carencia de muebles, por lo que se le concedieron 12.000 euros en concepto de "reparación de edificios" para ejecutar unas obras que nunca llegarían a efectuarse. Ante la imposibilidad de destinar el dinero a la adquisición de mobiliario, que era su pretensión, García Peña y Cuadri idearon la posibilidad de crear un expediente de obra que justificase la utilización del crédito, para lo cual García Trujillo, otro de los acusados, convenció al constructor Jaime Ferragut para emitir un presupuesto y una factura de obra falsos. Así las cosas, Construcciones Calabruix -cuyo administrador único era Ferragut- emitió un presupuesto para reformar el baño y la cocina de la vivienda, por 12.505 euros. De este modo, la empresa emitió una factura por las obras previstas para ser remitida al negociado de acuartelamiento, y la intervención regional de Baleares del Ministerio de Hacienda acordó el pago directo de la factura. El tribunal señala que los 12.505 euros fueron ingresados en la cuenta de Ferragut tras serle adjudicadas las obras y, una vez deducido el IVA, los 10.780 euros resultantes llegaron a manos de López Trujillo -muy amigo del constructor-, quien a su vez entregó el dinero a García Peña. El ex coronel jefe reintegró la cantidad a la caja pagadora, que le había ido efectuando anticipos de distintas cuantías, e inventarió todo el mobiliario adquirido para su permanencia en el pabellón. Cabe recordar que, por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), personada en el proceso como acusación particular, solicitaba una condena más contundente, es decir, cuatro años de prisión y suspensión de seis meses para García Peña, a quien acusaba de un delito de falsedad de certificado y otro de falsificación en documento público; también cuatro años de cárcel para Cuadri por inducción del delito de falsedad en documento mercantil, y dos años para Trujillo y Ferragut. Mientras tanto, la defensa de García Peña se adhirió a la petición de la Fiscalía, la de Cuadri solicitó su libre absolución, al igual que la de García Trujillo, al tiempo que el abogado de Ferragut pidió la libre absolución y, subsidiariamente, se adhirió a la petición del Ministerio público, instando a la imposición de tres meses de prisión y una multa por el mismo tiempo a tres euros diarios.