Los cuatro acusados por el derrumbe de Bustos Tavera no se consideran culpables de los hechos

Una de las arquitectas acusadas dice que el derrumbe fue por "un fallo local en absoluto previsible"

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Los cuatro acusados por el derrumbe de una fachada de la calle Bustos Tavera el 6 de abril de 1999, cuando murió una joven de 24 años estudiante del Conservatorio de Música, dijeron hoy antes de comenzar con sus declaraciones en el juicio que ha comenzado en Sevilla que no se consideran culpables de los fatales hechos.

En la vista, tras más de una hora de cuestiones previas, ha declarado en primer lugar el administrador único de la comunidad de bienes 'Doña Elvira S.A.', José Luis C.R., quien dijo que la Gerencia de Urbanismo "en ningún momento ordenó la paralización de las obras" porque "no se detectaron" problemas".

"Yo nunca daba instrucciones para la ejecución de la obra", aseguró el acusado, que recordó que una vez que ocurrió el accidente fue el juez, "por sentido común", quien ordenó el "derribo total" de la fachada". Según este inculpado, para quien el fiscal pide el sobreseimiento y la acusación particular dos años de cárcel, la obra, que comenzó en junio del 98, "se hacía con mucho cuidado".

Tras su declaración se sentó en el banquillo la esposa de éste y arquitecta, María de la OS. I., que era administradora de la comunidad 'Doña Elvira' junto a su marido. La acusada ha dicho en el juicio que la fachada del edificio de Bustos Tavera, que data del S.XVIII, "estaba bastante bien conservada" y durante las obras se tomaron medidas de seguridad, por lo que, a su juicio, el derrumbe fue debido "a un fallo local en absoluto previsible" que tiene su origen en un "fallo de fábrica" de los artesanos del S.XVIII.

En el juicio, que continuará el lunes, la acusada explicó las cuestiones técnicas en la construcción de la obra e insistió en destacar que el muro, en principio, estaba "bien" porque "no había desplomes ni fisuras y porque la carpintería y rejas estaban bien".

Para esta acusada y su compañera arquitecta el fiscal reclama un año de prisión, así como para el aparejador también procesado, mientras que la acusación, además de solicitar dos años de cárcel para estos tres acusados, también pide la misma pena para el administrador único de la comunidad de bienes del inmueble, el único para quien el fiscal pide el sobreseimiento.

El fiscal en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, solicita por tanto un año de prisión por un delito de homicidio imprudente para las arquitectas y el ingeniero técnico procesados por el derrumbe, además de la inhabilitación para el ejercicio de su profesión por cinco años ya que el presunto homicidio se cometió por imprudencia profesional.

La Fiscalía alude a la "falta de previsión y cautela" de los técnicos consignados en relación con la fachada que se derrumbó, es decir, las arquitectas encargadas de la rehabilitación --María de la O.S.I. y Mercedes D.F., ambas de ahora 46 años-- y el aparejador y director facultativo de las obras --Jorge G.M., de 36 años--.

El fiscal interesó la apertura de juicio oral por homicidio imprudente contra los acusados recordando que las citadas arquitectas y el administrador único de la comunidad de bienes del inmueble, José Luis C.R., para quien el fiscal pide el sobreseimiento provisional por no haberse acreditado su participación causal en este delito, eran los socios únicos de 'Doña Elvira S.A.', promotora de las obras.

Según estima el Ministerio Fiscal, esta entidad y sus componentes, como responsables civiles subsidiarios, así como los inculpados y sus aseguradoras, deberán abonar un total de 120.202,42 euros que pide como indemnización para los padres de la víctima.

"GRAVE DETERIORO" DEL INMUEBLE

El Ministerio Público señala que, como antecedente del estado del inmueble, "es necesario destacar el grave deterioro del mismo", de tal forma que la Gerencia de Urbanismo lo declaró en ruina en noviembre de 1997. Las arquitectas informaron, según recuerda el fiscal, que el único elemento estable era la fachada salvo que se produjera la caída de una de las tres crujías.

Aquel mes se solicitó la licencia de obras en relación al proyecto básico de rehabilitación elaborado por las arquitectas, recalcando el fiscal que el edificio era originariamente una construcción del siglo XVIII y tenía un nivel de protección 'C' que obligaba a conservar la fachada del mismo, además de otros elementos arquitectónicos. En octubre de 1998 comenzaron las obras y "no se tuvo en cuenta por parte de los técnicos encartados las deficiencias del muro que constituía la fachada".