Mañana comienza el juicio por el derrumbe de una fachada de Bustos Tavera (Sevilla) donde murió una joven

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

El juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla celebrará mañana el juicio por el derrumbe de una fachada de la calle Bustos Tavera, el 6 de abril de 1999, en el que murió una joven de 24 años estudiante del Conservatorio de Música.

En la vista, que comenzará a las 10,00 horas en una sala habilitada en la segunda planta de la Audiencia Provincial de Sevilla, el fiscal reclamará un año de prisión para dos arquitectas y para el aparejador procesados, mientras que la acusación, además de solicitar dos años de cárcel para estos tres procesados, también pedirá la misma pena para el administrador único de la comunidad de bienes del inmueble, el único para quien el fiscal pide el sobreseimiento.

El fiscal en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, solicita por tanto un año de prisión por un delito de homicidio imprudente para las arquitectas y el ingeniero técnico procesados por el derrumbe, además de la inhabilitación para el ejercicio de su profesión por cinco años ya que el presunto homicidio se cometió por imprudencia profesional.

La Fiscalía alude a la "falta de previsión y cautela" de los técnicos consignados en relación con la fachada que se derrumbó, es decir, las arquitectas encargadas de la rehabilitación --María de la O S.I. y Mercedes D.F., ambas de ahora 46 años-- y el aparejador y director facultativo de las obras --Jorge G.M., de 36 años--.

El fiscal interesó la apertura de juicio oral por homicidio imprudente contra los acusados recordando que las citadas arquitectas y el administrador único de la comunidad de bienes del inmueble, José Luis C.R., para quien el fiscal pide el sobreseimiento provisional por no haberse acreditado su participación causal en este delito, eran los socios únicos de 'Doña Elvira S.A.', promotora de las obras.

Según estima el Ministerio Fiscal, esta entidad y sus componentes, como responsables civiles subsidiarios, así como los inculpados y sus aseguradoras, deberán abonar un total de 120.202,42 euros que pide como indemnización para los padres de la víctima.

"GRAVE DETERIORO" DEL INMUEBLE

El Ministerio Público señala que, como antecedente del estado del inmueble, "es necesario destacar el grave deterioro del mismo", de tal forma que la Gerencia de Urbanismo lo declaró en ruina en noviembre de 1997. Las arquitectas informaron, según recuerda el fiscal, que el único elemento estable era la fachada salvo que se produjera la caída de una de las tres crujías.

Aquel mes se solicitó la licencia de obras en relación al proyecto básico de rehabilitación elaborado por las arquitectas, recalcando el fiscal que el edificio era originariamente una construcción del siglo XVIII y tenía un nivel de protección 'C' que obligaba a conservar la fachada del mismo, además de otros elementos arquitectónicos. En octubre de 1998 comenzaron las obras y "no se tuvo en cuenta por parte de los técnicos encartados las deficiencias del muro que constituía la fachada".