Según reza en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, también solicita medidas adoptadas en su caso para suprimir o minimizar los riesgos detectados y, a su vez, lo dirige al Seprona. Por su parte, el Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo informó a las fiscalías provinciales del inicio de esta campaña para la prevención de los incendios forestales, aunque cabe destacar que la Fiscalía de Huelva ya había abierto diligencias informativas al respecto y los agentes de Medio Ambiente en la provincia ya estaban realizando controles antes de este requerimiento.
En el marco de estas diligencias, se le solicitó a la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía de la Junta que actualizase la información aprovechando su despliegue operativo durante la campaña del Plan Infoca y también durante el Plan Romero, unos agentes que a su vez han realizado inspecciones de asentamientos irregulares de inmigrantes en zonas del entorno de Doñana, con 33 denuncias formuladas.
También solicitó a la Diputación Provincial que aportara información sobre la existencia de vertederos con riesgo de causar incendios forestales y en general sobre el desarrollo de actividades de prevención, sin embargo en el informe remitido no hace referencia a nuevos vertederos con peligro de generar incendio forestal.
A su vez, a requerimiento de la Fiscalía de Sala, se ofició a varios ayuntamientos de la provincia, para que informaran sobre áreas recreativas o vertederos, que localizadas en su municipio, tenían peligro de incendio forestal. Hasta la fecha han contestado los consistorios de Alájar y Huelva capital, que ponen de manifiesto las medidas precautorias adoptadas, que en general pueden calificarse de satisfactorias y razonables dados sus medios y competencias.
También le fue solicitado un informe a la compañía Endesa, como titular de la mayoría de las líneas de la provincia, intensificando ésta la labor preventiva en los espacios protegidos y muy especialmente en el Espacio Natural de Doñana y el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
En cuanto a las vías, infraestructuras ferroviarias y caminos, la Fiscalía requirió a ADIF un resumen de las actuaciones realizadas y la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ofreció un informe general sobre la prevención de los incendios, destacando el Plan Infoca, las labores de vigilancia y control de líneas eléctricas y las actuaciones en los espacios protegidos.
Por su parte, el Ayuntamiento de la capital destaca la realización de actividades de prevención, previstas durante los meses de febrero a octubre, por el departamento de infraestructura y servicio de bomberos, así como el requerimiento a los propietarios de la zona del Parque Moret para mantener limpias sus parcelas y la vigilancia por la Policía Local.
También la Subdelegación del Gobierno informó sobre las instalaciones 'Campo de tiro Médano del Loro' y 'el Picacho', todas cercanas a la localidad de Mazagón y dentro de la zona de influencia de Doñana, y destaca la existencias de planes de autoprotección, de medios de extinción propios, de limpiezas y desbroces, y de la realización de simulacro de emergencia con participación del Infoca.
Concretamente, en este ejercicio, la Fiscalía de Sala señala que hay residuos pueden provocar incendios que, sin poder calificarse de incendios forestales por no afectar a monte o masa forestal como exige el código penal, sí pueden tener una importante incidencia ambiental.
En el citado oficio, el fiscal de sala cita como ejemplo el gran incendio desencadenado en un inmenso depósito ilegal de neumáticos fuera de uso radiado entre las provincias de Toledo y Madrid, el pasado mes de mayo, y que ha tenido una incidencia de carácter ambiental fuera de toda duda hasta el punto de motivar el desalojo de sus viviendas de numerosos ciudadanos o la suspensión de clases escolares durante varios días, por las consecuencias que podrían tener para la salud respirar el aire contaminado por las sustancias desprendidas en la combustión de los residuos.
HINCAPIÉ EN LOS VERTEDEROS
Por ello, hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo una labor de detección y control de aquellos lugares donde existen ilegalmente residuos cuya combustión, por la naturaleza de los mismos, pueda suponer una contaminación ambiental de gran trascendencia.
En consecuencia, y como viene siendo habitual, en relación con la iniciativa acerca del control de vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas, e incluso campamentos infantiles y juveniles, situados en terrenos forestales, que impliquen el riesgo de incendio, el fiscal de sala remitió a los fiscales delegados información sobre aquellos puntos con alto riesgo de incendio forestal para que actúen, una cooperación que se extenderá si fuera necesario a la observancia e interpretación de las medidas precautorias que estén sancionadas legalmente.
Oficiando por tanto a las administraciones competentes, propietarios, empresas titulares de la actividad, y haciéndoles saber la existencia de ese punto con alto riesgo de incendio forestal y que se pone en su conocimiento a fin de que se adopten las medidas procedentes para evitar los incendios.
PUNTOS DE RIESGO
En el caso de la provincia de Huelva, los lugares detectados en los que el riesgo se ha calificado como alto o grave identificado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no existe variación respecto a los remitidos en la campaña 2015.
Algunos de estos puntos son los asentamientos irregulares ubicados en Lepe, Cartaya, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto; el complejo medioambiental del Andévalo; el vertedero de Villarrasa; las
plantas de transferencia de residuos sitas en Almonte, La Redondela, Huelva y El Campillo, y los vertederos ubicados en Cortelazor, Beas, Calañas y Lucena.
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