La declaración del exalcalde de Chiloeches por el fuego en una planta de reciclaje se pospone al 24 de enero

EUROPA PRESS
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Así lo ha confirmado a Europa Press el propio Urrea, una de las diecinueve personas que se investigan en relación a esta planta de reciclaje en la que en agosto del pasado año se registraba un incendio de importantes consecuencias que requirió la actuación de numerosos medios personales y materiales.

En el caso del que fuera alcalde de Chiloeches se le investiga al entender el Juzgado, según el auto, que este no había ejercido presuntamente su función de inspección y sanción contra la empresa Investigación y Tratamiento de Reciclaje, y posteriormente contra Kuk Medioambiente.

Junto a Urrea hoy estaban citados a declarar responsables de la empresa Layna, pero ya el pasado mes de diciembre prestaba declaración también como investigado por presunta prevaricación medioambiental el que fuera viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sergio David González.

La mayoría de las diecinueve personas investigadas por el Juzgado de Guadalajara por esta causa lo están por presunta comisión de un delito contra el medio ambiente en la planta de reciclaje de residuos de Kuk Medio Ambiente.

Las declaraciones continuarán el 24 de enero y el 21 de febrero, entre ellas también tendrán que prestar declaración algunos otros cargos de la Junta de Castilla-La Mancha y otras veintidós personas, en este caso como testigos.

ANTECEDENTES

El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, en al auto con fecha 30 de noviembre, abría diligencias previas también contra tres personas jurídicas, con el fin de que se investigase un delito contra el medio ambiente en la planta de reciclaje y residuos peligrosos de Chiloeches, y aquí incluye también el propio incendio registrado en la misma el 26 de agosto.

Otros de los investigados son varios responsables de las empresas Layna y Kuk, arrendadora y arrendataria de las instalaciones, Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, Gaver Ambiental y Reciorganics, y varios responsables y cargos de las últimas legislaturas del área de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Además del delito de medio ambiente, entre los delitos que se atribuyen de forma indiciaria a estos investigados se encuentran también el de prevaricación administrativa, pertenencia a grupo criminal, incendio con la puesta en peligro de personas, bienes y ecosistemas, y falsedad documental.

En este procedimiento están personados como acusaciones particulares la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Chiloeches y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE).

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