El TS otorga la Cruz de Víctima del Terrorismo de una mujer fallecida en el incendio del Hotel Corona de Aragón en 1979

Declara el derecho a la distinción a pesar de que la Audiencia Nacional concluyó en 1980 que no se trató de un atentado terrorista MADRID, 11 (EUROPA PRESS) El Tribunal Supremo ha declarado el derecho a la Gran Cruz de la Real orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo de mujer fallecida en el incendio del Hotel Corona de Aragón de Zaragoza, producido el 12 de julio de 1979, que le había sido denegado por el Consejo de Ministros. El alto tribunal ampara al hijo de esta mujer pese a que la Audiencia Nacional concluyó en 1980 que no se trató de un atentado terrorista, porque no cabe diferenciar, a efectos de la obtención de esta distinción, entre víctimas de bandas armadas y víctimas de grupos terroristas. Afirma la Sala que "no cabe ignorar la realidad social" puesta de manifiesto por este mismo tribunal en la sentencia que ilegalizó Batasuna en marzo de 2003, en la que se recuerda "la importancia que la violencia terrorista ha tenido en la más reciente historia de España, que la viene sufriendo con especial intensidad desde hace décadas y con un altísimo coste de vidas humanas desde el advenimiento de la democracia", lo que resultaba especialmente grave y notorio en la fecha del incendio del Hotel Corona de Aragón, a mediados de 1979. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Agustín Puente Prieto, recuerda que el citado incendio originó 72 fallecidos, así como numerosos heridos, además de daños materiales de consideración, si bien el juzgado que investigó los hechos tras inhibirse la Audiencia Nacional, el de Instrucción número 1 de Zaragoza, finalizó su investigación sobreseyendo los hechos por falta de autor conocido. Según el recurrente, hijo de la mujer a la que se concede ahora la Cruz, la acción que produjo el siniestro no tuvo origen en una circunstancia puramente casual, y de hecho fue indemnizado por la muerte de su progenitora al amparo de lo dispuesto en la Ley 32/1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. El Abogado del Estado, por su parte, se opuso a la pretensión del demandante alegando que no se ha podido acreditar que dichos hechos tuvieran carácter terrorista -así lo consideró la Audiencia Nacional en un auto de junio de 1980-, por lo que el Gobierno carece de competencia para valorar unos hechos sobre los que la jurisdicción competente ha considerado expresamente que no existen indicios de atentados terrorista. DOCTRINA MAREY. El Supremo, por contra, recuerda que su propia jurisprudencia (Caso Marey) estableció en 1998 que la caracterización penal de una banda armada es una agravación específica del delito de asociación ilícita, y que no cabe diferenciar, a efectos de la concesión de la Gran Cruz solicitada, "entre víctimas de bandas armadas y víctimas de grupos terroristas". Añade la sentencia que la declaración denegatoria de la competencia de la Audiencia nacional produce sus efectos en el área del proceso penal, "más no entraña una vinculación excluyente del enjuiciamiento de los hechos en orden a la aplicación de las indemnizaciones y distinciones reguladas" en la Ley de Solidaridad con las Víctimas. Alude la Sala igualmente a las conclusiones realizadas por el perito durante la instrucción de la causa en Zaragoza, que concluyó que en el acto tuvieron que intervenir un mínimo de tres personas que utilizaron napalm unido a magnesio para la producción e intensificación del incendio, por lo que era necesario que se tratase de personas adiestradas para este tipo de acciones. Finalmente, y para respaldar la petición del hijo de la víctima, el Supremo señala que la en web oficial de la Guardia Civil figura como víctima del terrorismo un teniente retirado que falleció en el mismo incendio.