La Junta asegura que el estudio para prevenir inundaciones en el Guadalhorce no frena el desarrollo empresarial

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha asegurado que el estudio hidráulico para la prevención de inundaciones y para la ordenación de la cuenca del río Guadalhorce es compatible con el crecimiento y desarrollo urbanístico de la zona.

Para Fiscal, según ha explicado en el Pleno del Parlamento andaluz a pregunta de Ciudadanos, este documento, elaborado por la Junta y recogido en diversas órdenes de la Consejería, "no frena el desarrollo empresarial, sino que a través del cumplimiento de la ley protege a las personas, bienes e infraestructuras". Es por ello que los empresarios y trabajadores de las áreas inundables de los polígonos de Málaga "deben estar tranquilos", ha añadido.

Para el titular de Medio Ambiente, la actuación de la administración autonómica se basa, de acuerdo con las normativas europea, estatal y autonómica --especialmente la Ley de Aguas de Andalucía--, en las disposiciones que obligan a detectar las zonas inundables del territorio andaluz. En esta línea, ha destacado que el Decreto 189/2002, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, desarrolla la Ley de Aguas en esta materia concreta.

Por último, el consejero ha indicado que aunque es cierto que el Plan Hidrológico prohíbe nuevos asentamientos en zonas inundables, también establece que, en caso de que resultara inevitable la ocupación de terrenos con riesgos de inundación, por circunstancias territoriales e históricas, se procurará orientar los nuevos crecimientos hacia las terrenos inundables de menor riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las infraestructuras necesarias para su defensa.

Por contra, el parlamentario de Ciudadanos Carlos Hernández White ha explicado que el plan ha traído consecuencias "muy negativas" para el tejido productivo de Málaga y otros municipios, ya que unas 3.000 empresas, de las que dependen en torno a 40.000 trabajadores, "pueden verse afectadas por una pérdida de valor patrimonial y un aumento de sus pólizas de seguros", ha detallado.

Hernández White ha explicado que las restricciones del plan actual "suponen un freno a las inversiones en la zona" y que esta situación puede solucionarse gracias a la modificación legal efectuada en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico de ámbito estatal, del pasado 29 de diciembre de 2016, "que abre la vía para que se relajen los criterios que determinan una zona como inundable y resuelve otras lagunas existentes en la normativa".

"Cuando la Junta de Andalucía aplique esa modificación a nuestro ordenamiento jurídico se podrá relajar una legislación muy restrictiva y que ha deparado miles de afectados en las zonas declaradas como inundables", ha ahondado Hernández.