Más 800 personas acuden a los puntos de pobreza energética de Barcelona en un mes

Más de 800 personas se han dirigido a los diez puntos de asesoramiento energético (Pae) del Ayuntamiento de Barcelona en su primer mes, entre las que un 65% era víctima de pobreza energética, ha explicado este jueves en rueda de prensa la tercera teniente de alcalde, Laia Ortiz, que ha añadido que las consultas han dado pie a 52 intervenciones urgentes y se han evitado 150 cortes.

Los distritos de Sant Martí y Sant Andreu concentran el 25% de las consultas en los puntos, que tienen un triple objetivo: el de hacer cumplir la ley 24/2014, previniendo cortes de suministros; hacer una radiografía de la situación de la pobreza energética en la ciudad, y mejorando la eficiencia energética en los hogares.

Estas cifras suponen un indicador claro de que la implementación de estos puntos "responde a una necesidad evidente" en la ciudad según Ortiz, que ha destacado que todavía no se tiene un conocimiento generalizado entre la población de este servicio, y que algunos se activaron más tarde, como el de Verdum en Nou Barris, por lo que la proporción por distritos puede variar más adelante.

También se han tramitado 28 bonos sociales a partir de este asesoramiento, una medida que ha destacado ante el hecho de que en un análisis previo, se detectó que solo conocía esta medida el 33% y solo el 17% lo tenía, lo que ha calificado de alarmante ante el hecho de que para acceder a la protección del último decreto estatal es necesario tener contratado este bono.

El Ayuntamiento ha analizado 4.000 casos de pobreza energética, y ha evitado 900 cortes de suministros, y ha destacado la necesidad de que las administraciones sean proactivas para aplicar la ley y explicar a las personas que tienen derechos y no pueden ser pisados, "ante unas compañías que han abusado insistentemente" desde su posición de poder en el mercado eléctrico.

También están tramitando 74 expedientes sancionadores, de los que 27 han resultado en sanción por no haberse informado previamente del corte de suministros a personas vulnerables y no informar a los clientes de sus derechos como usuarios; unas multas que pueden comprender entre 3.000 y 10.000 euros, a las que pueden presentarse alegaciones.

"En el momento en que haya cortes cero, habrá sanciones cero" ha dicho Ortiz, que a preguntas de los periodistas ha recordado que está cerca de terminar el plazo de dos meses que se habían marcado con la Generalitat para que se firmara el convenio conjunto que presentaron a las compañías suministradoras y que pide que éstas sean corresponsables económicamente.

Ha explicado que han logrado que las empresas les envíen un listado de los avisos de cortes realizados en el último mes, que tras las presiones realizadas --enviaron un requerimiento exprés en diciembre amenazando en multas coercitivas-- han logrado tener en enero todos los listados, y esperan tenerlos los próximos meses, como recoge la ley.