La organización, que incrementó su capacidad inmediatamente después de que se produjera el seísmo con una contribución de 442.159 euros a través de su mecanismo de financiación para situaciones de emergencia, planea destinar 2,65 millones de euros a la coordinación y administración de campamentos, lo que beneficiaría a 216.000 desplazados de las provincias de Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabi, Santo Domingo y Santa Elena, que se encuentran en estado de emergencia.
La OIM, que trabaja junto a la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja (FICR) con la ayuda del Cluster de Coordinación y Administración de Campamentos (CCCM), quiere poner en marcha una Matriz de Seguimiento de Desplazados (DTM), así como un programa de distribución de artículos de primera necesidad. Para llevar a cabo estos planes, entre los que se incluyen los de construcción, organización y coordinación de refugios, la OIM necesitaría 7 millones de euros, según datos ofrecidos por la organización.
En el presupuesto de ayudas realizado por la organización también se incluyen la creación de centros de información y comunicaciones, así como un programa de atención prioritaria a aquellas comunidades y grupos más vulnerables.
El terremoto, que ha dejado 655 fallecidos y cientos de heridos, ha provocado el desplazamiento de al menos 40.000 personas, de las que 29.000 buscan cobijo en refugios y campamentos. En la región, donde la OIM está guiando al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en su labor de diseño e instalación de nuevos campamentos, más de 6.698 edificios han sido completamente destruidos y 281 escuelas se encuentran en condiciones nefastas.
Los daños en las carreteras y puentes han limitado el acceso a diversas regiones afectadas, lo que ha dificultado el trabajo del Gobierno y las agencias de ayuda, que estiman que el número de personas que necesitan asistencia asciende a 720.000.
La OIM se reunió el 23 y 24 de abril con el Comité de Desplazados, que incluye representantes del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Inclusión Social, para concretar los detalles sobre el plan de despliegue del DTM, que ha comenzado a recoger datos esta semana sobre la situación y las necesidades de los desplazados en la zona.
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