Dos víctimas españolas del nazismo declaran hoy ante el juez Moreno en el marco de su investigación sobre el holocausto

R.F. y J.T., de 80 y 90 años, respectivamente, sufrieron de manera directa las prácticas nazis en el campo de Mautthausen MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El juez Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tomará declaración hoy como testigos a dos españoles afincados en Francia que fueron víctimas de los campos de concentración nazis, informaron fuentes jurídicas. Estas declaraciones se producen en el marco de la investigación que instruye este magistrado a partir de la querella presentada por varias víctimas del holocausto contra cuatro responsables de las SS. Las dos víctimas citadas por la Audiencia Nacional son R.F y J.T, de 80 y 90 años de edad, respectivamente, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación que rehusaron ofrecer más datos acerca de sus identidades con el objeto de preservar su intimidad. Según explicaron las fuentes consultadas "son dos supervivientes del campo de concentración nazi de Mautthausen que fueron testigos directos de las practicas que allí se realizaron así como de los traslados a los que eran sometidas las víctimas". Además, estas fuentes destacaron la dificultad que supone para estas dos personas de avanzada edad recordar "hechos tan brutales" y por ello anunciaron que en su declaración ante la Audiencia Nacional irán acompañados de un equipo de psicólogos. Sin embargo, no descartaron la posibilidad de que a su salida de estas dependencias judiciales realizasen declaraciones a los medios de comunicación. El juez Moreno admitió a trámite el pasado 17 de julio una querella contra cuatro dirigentes nazis del denominado Batallón de la Calavera de las SS (SS Totenkopf-Sturmban) por un presunto delito de genocidio y lesa humanidad cometido entre 1942 y 1945 en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, en los que estuvieron confinados más de 7.000 españoles, de los que murieron más de 4.300. CUATRO OFICIALES DE LAS SS La querella fue presentada por un superviviente español del Holocausto nazi y los familiares de otras cinco víctimas de los campos de concentración. La acción está dirigida concretamente contra los ex oficiales de las SS Johann Leprich, Anton Tittjung, Josias Kumpf y Iwan o John Demjanjuk, que desarrollaron su labor como guardias armados en los citados campos de concentración. Todos ellos se instalaron en Estados Unidos al término de la II Guerra Mundial. En los últimos años han perdido la nacionalidad estadounidense por orden de los tribunales de dicha nación. Según la querella, los prisioneros fueron sometidos a "programas de exterminio diseñados por el sistema nacionalsocialista, siendo retenidos en contra de su voluntad por razones de raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas". "Fueron objeto de formas extremas de maltrato y abuso, incluido el asesinato", añade la demanda. La Fiscalía, que solicitó la admisión a trámite de la causa, recordó que en la actualidad resulta "indiscutible" el reconocimiento internacional de la facultad de perseguir a los autores de delitos cometidos fuera del territorio nacional siempre que concurra algún punto de conexión con los intereses del Estado que solicita la persecución. JURISDICCIÓN UNIVERSAL Asimismo, el juez Moreno justificó la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos hechos al entender que se corresponden "sin género de dudas" con las características de un delito de genocidio y, que por tanto, pueden ser perseguidos por este tribunal en virtud de su "jurisdicción universal". En concreto, la actuación judicial ha sido impulsada por David Moyano, combatiente francés que sobrevivió al confinamiento en Mauthausen; y los familiares de Agustín, Marcos y Francisco Puente, exterminados en Sachsenhausen; Donato de Cos Gutiérrez, asesinado en Mauthausen; Gabriel Torralba, liberado por las tropas estadounidenses tras permanecer en Auschwitz y Mauthausen; y Víctor Cueto, superviviente de este último campo. Los querellantes solicitan la extradición a España de los cuatro ex oficiales argumentando que su jurisdicción tiene competencias para enjuiciar "hechos delictivos cometidos fuera del territorio nacional vinculados a la existencia de víctimas españolas", tal y como se hizo en casos como el genocidio del pueblo maya o los crímenes durante la dictadura argentina, que citan expresamente.