El juicio de las discográficas contra Pablo Soto, visto para sentencia


Terminó el juicio que se celebra contra Pablo Soto, a quien cuatro discográficas y representantes de artistas musicales reclaman 13 millones de euros por considerar que los programas que ha creado se utilizan principalmente para intercambiar ilegalmente obras de su propiedad.

La jornada maratoniana del jueves permitió ver cómo los peritos y expertos convocados por las partes apoyaban los diferentes argumentos. El juez dejó vía libre para oír todos los detalles, aunque en ocasiones el asunto pareciera estar totalmente descentrado respecto al tema tratado, algo que se mencionó varias veces.

Al haber algunos detalles técnicos complejos se escucharon explicaciones de todo tipo: qué son los programas P2P y cómo funcionan, qué es el copyleft, las plataformas de distribución de música libre como Jamendo e incluso uno de los convocados dibujó en una pizarra la explicación de lo que es la larga cola en la venta de productos a través de Internet. ¿Sirvió está lección acerca de las libertades en Internet para defender realmente a Pablo Soto sobre las acciones de las que en concreto le acusan, o fue una innecesaria demostración generalista de algo que no se estaba juzgando? El juez recordó a ambas partes que las explicaciones estaban muy bien, pero que sólo tendría en cuenta lo que había en los informes que se entregaron.

La acusación apostó por un ataque directo y práctico: uno de los peritos explicó cómo se había calculado la cifra que solicitan al demandado: según un análisis que realizaron, el 90 por ciento de las canciones que circulaban por las redes P2P de Soto eran propiedad de las discográficas. Conocían también el número de descargas totales de los programas creados por Pablo Soto, y usando una «cuenta de la vieja» estimaron que al menos cada descarga de un programa para compartir P2P equivalía a una canción «pirateada». Multiplicando esos números por el precio de las canciones (que unas compañías desvelaron y otras no, con matices, alrededor de 70 céntimos) se llega a los “mágicos” 13 millones de euros.

La guerra entre peritos estadísticos desveló fallos en la metodología de los informes (tanto de la acusación como de la defensa), debido a cómo se realizaron. Aparte de los detalles, el punto más débil de los informes de la acusación parece la equiparación salida de la nada entre “una descarga de un programa P2P = una canción robada”, algo lógica y técnicamente insostenible.

En sus argumentos finales la acusación volvió a reiterar que considera que las herramientas creadas por Pablo Soto estaban diseñadas con el fin de proporcionar a otros usuarios “un sistema de violación masiva de la propiedad intelectual”, y que ante la imposibilidad de demandar a los usuarios individualmente que han cometido dichas faltas, le consideran a él responsable. Matizaron que no buscan una guerra contra el P2P ni contra nuevos canales de difusión.

La defensa argumentó por su parte que no se puede responsabilizar a la persona que crea una de estas herramientas del uso que la gente haga de ella, y apuntó a que la ley de propiedad intelectual no contempla que quien cree una «infraestructura» sea realmente un intermediario que se beneficie de lo que suceda en ella.

En este tipo de juicios complejos cuyos detalles técnicos a veces escapan a los conocimientos del juez el trabajo de los peritos y el contenido de los informes suele ser crucial. También suele serlo encontrar analogías adecuadas que permitan comparar la situación con otras conocidas. A Pablo Soto la acusación le ha comparado con “alguien que tiene un bar donde se consumen drogas y simplemente mira para otro lado” y la defensa con “un fabricante de cuchillos, que pueden usarse para cocinar y también, pero no siempre, para matar a alguien”. La clave tal vez esté en si la acusación ha conseguido demostrar con informes fiables para qué se usan principalmente los programas de Soto (y si el juez considera eso definitivo) o si la defensa ha podido desbaratar esa sensación con todos los ejemplos y datos que ha aportado respecto a los programas P2P y el mundo de las redes de intercambio. También puede ser muy relevante si se ha conseguido demostrar que Pablo Soto se lucraba con lo que hacía o no.

Durante el juicio han campado a sus anchas las acusaciones personales para desprestigiar a los peritos, las referencias probablemente inútiles a casos similares en legislaciones extranjeras y tal vez han sobrado explicaciones sobre temas colaterales. El resultado de estos tres intensos días será una interpretación del juez sobre lo que ha escuchado y leerá en los informes, de las referencias precisas a la legislación realmente aplicable a nuestro país y a los detalles concretos del caso. Incluso el más mínimo detalle puede haber sido crucial para invalidad alguno de los cálculos o argumentos, aunque eso no se sabrá hasta que se haga pública la sentencia, “probablemente durante el mes de junio”, según anticipó el juez. Luego pueden quedar hasta diez años más de recursos de una y otra parte si nadie queda satisfecho –que es lo habitual– así que la historia de las discográficas contra el creador de los programas P2P va realmente para largo.

Hay más detalles interesantes sobre estos dos días de juicio en este artículo de Blanca Salvatierra en Público y en esta otra detallada noticia de Delia Rodríguez para Soitu: Copyleft y catedráticos: los fuegos artificiales del “caso Soto”.