"La ley marcial de Duterte aumenta el riesgo de abusos por parte del Ejército en Mindanao, que se sumaría a la mortal 'guerra contra las drogas' en las zonas urbanas", ha asegurado el subdirector de HRW para Asia, Phelim Kine. "Es crucial que las fuerzas de seguridad del país cumplan el Derecho Internacional en todo momento y que los violadores de los Derechos Humanos rindan cuentas", ha añadido.
HRW ha asegurado que al aumentar la autoridad legal del Ejército en estos conflictos abre la puerta al aumento de la violación de los Derechos Humanos contra civiles, entre ellos activistas izquierdistas, líderes autóctonos y activistas del medio ambiente, que han sufrido durante mucho tiempo abusos por parte del Ejército.
"El Gobierno filipino tiene la responsabilidad de proteger a la población de los milicianos armados, pero para conseguir el apoyo de las personas afectadas hay que respetar el estado de derecho", ha señalado Kine. "La ley marcial no es un permiso para los abusos", ha añadido.
Duterte se vio el miércoles obligado a acortar su viaje oficial en Rusia por los últimos combates registrados en la localidad de Marawi entre militares filipinos y milicianos del grupo Maute, vinculado a Estado Islámico, que intentaban impedir el arresto del líder de Abú Sayyaf, Isnilon Hapilon.
Los milicianos del grupo terrorista quemaron varios inmuebles en la ciudad, incluida una iglesia católica, y secuestraron a un cura y a varios feligreses.
Tres miembros de las fuerzas de seguridad murieron y otros doce resultaron heridos en los combates registrados en Marawi, según el secretario de Defensa filipino, Delfín Lorenzana. El enfrentamiento tuvo lugar en el marco de un operativo en una vivienda en la que se creía que podía estar escondido Hapilon.
El presidente filipino dijo en abril que Hapilon podría haber muerto en un bombardeo realizado en enero, cuando las Fuerzas Armadas anunciaron que quince terroristas que acompañaban a Hapilon habían muerto en un bombardeo aéreo. Lorenzana confirmó entonces que el líder insurgente había resultado herido de gravedad.
Hapilon se encuentra además en la lista de más buscados del FBI por su papel en el secuestro de 17 filipinos y tres estadounidenses. Estados Unidos ofrece una recompensa por él de cinco millones de dólares.
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