De cara a la próxima sesión del consejo, que comenzará el próximo 27 de febrero, la organización ha señalado que casi un año después de la llegada de la Liga Nacional para la Democracia (LND) al poder la situación de los Derechos Humanos en el país ha empeorado.
Al menos 69.000 personas se han visto obligadas a trasladarse desde el norte del estado birmano de Rajine a Bangladesh tras los ataques registrados el 9 octubre, donde murieron nueve agentes fronterizos.
El aumento de la violencia en la zona, donde según varias ONG se están produciendo crímenes contra la Humanidad y violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, ha levantado la polémica a nivel internacional.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estima que más de 100.000 personas en el estado de Rajine se han visto obligadas a desplazarse durante los últimos cinco meses, periodo en el cual se han registrado numerosos casos de "difamación online" contra la minoría étnica.
Amnistía Internacional, que ha señalado que la comunidad internacional debe dejar a un lado la política cautelosa y actuar para impedir que las violaciones de Derechos Humanos en Birmania continúe ascendiendo, ha destacado la necesidad de actuar lo antes posible para acabar con la impunidad y la falta de voluntad política por parte del Gobierno.
El Consejo de Derechos Humanos ha de adoptar una serie de resoluciones, entre las que se encuentran la extensión del mandato de la relatora especial de la ONU en el país y la imposición de una investigación independiente a nivel internacional.
La organización ha alertado de que las fuerzas de seguridad de Birmania han impedido a los periodistas el acceso a varias zonas en el norte del país y han obstaculizado, además, las labores de las organizaciones humanitarias en la región.
El Gobierno birmano ha dispuesto una comisión para tratar el asunto. Sin embargo, varias ONG han denunciado que ésta no supone un ente creíble ni independiente, pues se encuentra ligada al Gobierno y condicionada por las fuerzas de seguridad del país.
Amnistía Internacional ha señalado que la gravedad de la situación en Rajine legitima la intervención de la comunidad internacional para poner en marcha una investigación en aras de acabar con la violación de los Derechos Humanos en la región.
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