El asesor especial de la ONU para Burundi, Jamal Benomar, ha indicado que el organismo ha intentado un diálogo constructivo con el Gobierno, lamentando que "las puertas del contacto y la cooperación han estado prácticamente cerradas por las autoridades".
En este sentido, ha enumerado que, en los últimos meses, el Gobierno ha decidido retirarse del Tribunal Penal Internacional (TPI), ha suspendido su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y se ha negado a colaborar con la comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Benomar ha lamentado que "estas acciones han sido llevadas a cabo mientras se sigue informando de violaciones de los Derechos Humanos y abusos a una escala preocupante".
En su informe, ha alertado además que el anuncio del presidente, Pierre Nkurunziza, de que podría intentar modificar la Constitución para aspirar a un nuevo mandato "tiene el potencial de arrastrar al país a una crisis más profunda".
Por ello, ha pedido al Gobierno burundés "que cumpla su obligación moral y su responsabilidad política de devolver al país a un camino de paz", agregando que "la mayoría de los ciudadanos no quieren continuar en el camino del aislamiento internacional, la violencia y la represión".
Asimismo, ha reclamado a la comunidad internacional que "haga su parte" para apoyar "a aquellos que buscan una solución política a la crisis".
El país africano está envuelto en una crisis política desde que el presidente, Pierre Nkurunziza, decidiera presentarse a un controvertido tercer mandato, algo que la oposición criticó como inconstitucional.
La oposición aseguró que su reelección violaba los términos del acuerdo de paz que se firmó en 2005 tras doce años de guerra civil. Este acuerdo de paz incluía reformas en el Ejército, que fue absorbido por los rebeldes, de mayoría hutu, y que había sido dirigido por la minoría tutsi.
El Gobierno insiste en que no hay preferencias étnicas, pero sus oponentes aseguran que los distritos de Buyumbura en donde viven la mayoría de los tutsi, que también han sido un semillero de protestas contra Nkurunziza, han sido objetivos de varios ataques.
Las autoridades burundesas han acusado en reiteradas ocasiones en los últimos meses a la ONU de tomar partido y denunciar de forma interesada los supuestos abusos cometidos por el partido gobernante y las fuerzas de seguridad.
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