El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU llamó este martes al gobierno mexicano a realizar una investigación independiente, exhaustiva e imparcial de la violencia durante manifestaciones de maestros en Oaxaca (sureste), que dejaron 10 muertos.
En un comunicado de su representación en México, el Alto Comisionado señala que el uso de la fuerza como último recurso debe "sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones al derecho a la vida e integridad física".
El llamado de la ONU ocurre luego de que el domingo en el poblado Nochixtlán, Oaxaca, se desató una batalla campal, con intercambio de disparos, después que 800 policías federales y estatales desalojaron a maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus simpatizantes que bloqueaban carreteras en protesta por una reforma educativa.
El Alto Comisionado recordó la pertinencia de contar con una "ley general sobre el uso de la fuerza que sea aplicable a todas las fuerzas de seguridad".
Según el gobierno, la policía federal, que nunca acude con armas de fuego para contener protestas civiles, se vio obligada a retroceder y regresar armada luego de que fueron acechados por unas 2.000 personas "radicales", algunas armadas.
El gobierno federal anunció el lunes una investigación para determinar si alguno de los ocho fallecidos en Nochixtlán fue víctima de disparos de uniformados.
En las indagatorias se buscará identificar a los civiles armados, si el uso de las armas por parte de policías fue adecuado y si los fallecidos fueron víctimas de disparos de uniformados.
La Policía Federal reconoce que los disparos no provinieron de los maestros, mientras que la CNTE los atribuye a "infiltrados" y acusó a los policías de "disparar sin piedad".
Los otros dos fallecidos, entre ellos un periodista gráfico que captó imágenes de saqueos en otra protesta, fueron baleados por desconocidos en Juchitán.
La oficina en México del Alto Comisionado señala que "dará puntual seguimiento a lo ocurrido en Oaxaca y sostendrá reuniones" con autoridades federales y estatales, víctimas y otros actores relevantes, como la Comisión Nacional de los Derechos.
La CNTE, ala radical del sindicato de maestros, rechaza una reforma educativa de 2013 que estipula que las plazas de maestros serán asignadas por el gobierno y no por el sindicato, como ocurría, y además impone evaluaciones a los docentes.
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