Montevideo ha considerado que el último documento, firmado por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay, no aporta "nada nuevo" desde el punto de vista conceptual, tal y como ha recogido el diario uruguayo 'El Observador'.
Por el contrario, ha criticado que en esta ocasión la única diferencia radica en que se utiliza un lenguaje más virulento. Se trata del tercer comunicado que se publica firmado por diferentes Gobiernos de la región, y el primero que no cuenta con la rúbrica de Uruguay, aunque tampoco con la de Chile y Perú.
El Gobierno uruguayo ha considerado que reiterar comunicados hace que este instrumento pierda fuerza y tenga "el efecto contrario" al buscado, por lo que sumarse al texto era, en consideración del Ejecutivo, añadir más leña al fuego.
"Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del Gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes", señalaron los ocho países en el texto.
Asimismo, hicieron un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que "respete los Derechos Humanos de sus ciudadanos, como lo contempla su Constitución".
En el texto, los ocho países recordaron que como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Venezuela "tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos en cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de los tratados internacionales que sobre el tema ha suscrito y ratificado".
En este contexto, reiteraron sus exigencias --que coinciden con las de la oposición-- de cumplir con el calendario electoral, liberar a los considerados presos políticos, restituir las funciones de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde diciembre de 2015, y garantizar la separación de poderes.
Por último, solicitaron a "todos los sectores" a no respaldar "acciones que generen más violencia" e insistieron en que la única "solución duradera a la crítica situación que se vive en Venezuela" es la de "concretar un acuerdo nacional".
La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó temporalmente de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde diciembre de 2015-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.
Desde entonces, se han llevado a cabo numerosas protestas, tanto convocadas por la oposición como por el 'chavismo', algunas de las cuales han derivado en actos de violencia.
Hasta el momento, se han registrado un total de 37 muertes desde que éstas arrancaron, según el último balance ofrecido por la Fiscalía, aunque entre estas cifras se encuentran 17 personas que, si bien fallecieron en el período de las protestas, no murieron durante las mismas, sino en diferentes incidentes --saqueos o accidentes de tráfico--, lo que deja en 20 el total de víctimas en las manifestaciones.
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