Las nuevas imágenes elevan el número de edificios destruidos, documentados por HRW, a 1.250. La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Samantha Power, pidió la semana pasada al Gobierno de Birmania, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que permitiera el acceso de ONG y de observadores internacionales para investigar la situación.
"Estas nuevas imágenes de satélite confirman que las destrucciones producidas en los pueblos rohingya son mayores de lo que el Gobierno nos ha estado diciendo", ha asegurado el director en Asia de HRW, Brad Adams. "Los aparentes ataques contra cinco pueblos rohingya son un grave problema que el Gobierno debe investigar y debe encontrar a los responsables. Para que la investigación sea creíble, la participación de Naciones Unidas es crucial", ha añadido.
Human Rights Watch ha asegurado que las imágenes muestran que la destrucción supera con creces las cifras dadas a conocer por el Gobierno birmano. El Ejército y el Comité de Información del consejero de Estado informaron de que se habían destruido un total de 105 edificios en el pueblo de Wa Peik. En cambio, las imágenes recogidas por HRW entre el 10 y el 17 de noviembre confirman que en realidad fueron destruidos 225 edificios.
"El 15 de noviembre, un portavoz del Gobierno sugirió que Human Rights Watch podría formar parte de una 'conspiración' para dañar la imagen de Birmania. El Gobierno debe observar los hechos y tomar medidas para proteger a las personas de Birmania, sea cual sea su religión o etnia", ha informado Adams.
El 9 de octubre se produjeron ataques contra tres controles fronterizos en el distrito de Maungdaw que causaron la muerte de nueve policías. A partir del incidente, las autoridades militares bloquearon la zona por completo, negando el acceso a las organizaciones humanitarias, a los medios de comunicación y a los activistas de Derechos Humanos.
A principios de noviembre, el Gobierno concedió al Programa Mundial de Alimentos (PMA) acceder a cuatro pueblos de la región para una única entrega de alimentos. "Después de seis semanas de violencia sin que la ayuda llegue a miles de personas que se encuentran muy vulnerables, el Gobierno tiene que actuar con decisión", dijo Adams. "Un gobierno sin nada que ocultar no debería tener problemas para permitir el acceso a los periodistas y a los investigadores de Derechos Humanos", añadió.
El pasado 11 de noviembre, debido a las profundas tensiones que se viven en la región, se produjeron nuevos enfrentamientos en el distrito que acabaron con la muerte de 69 milicianos y 17 miembros de las fuerzas de seguridad, además de varias bajas civiles cuya cifra no se puede verificar debido a la falta de acceso. La comunidad humanitaria alerta de que ya son decenas de miles los desplazados internos que han huido de la región, la mayoría hacia Bangladesh.
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