Sociedad civil en México teme que se limite derecho a la protesta en marchas

Alberto Cabezas

México, 10 oct.- Académicos y ONG mexicanas expresaron hoy su inquietud ante un posible retroceso en materia de libertades si prosperan iniciativas de ley en Ciudad de México para regular las marchas y que puedan menoscabar el derecho a la protesta.

"Los derechos se pueden regular. El punto es que las restricciones no impliquen una restricción del derecho de tal forma que el derecho sea inútil, se anule", dijo a Efe Sandra Serrano, académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Activistas y defensores de derechos humanos repudiaron los actos de violencia registrados el 2 de octubre pasado, conmemorativa de la matanza de estudiantes perpetrada por el Ejército y grupos paramilitares aquel día de 1968.

En la marcha del pasado 2 de octubre hubo violencia de los agentes, que llegaron a arrojar piedras contra los manifestantes, pero también de grupos autodenominados de "anarquistas" encapuchados, que destruyeron comercios y lanzaron artefactos incendiarios contra los policías.

En declaraciones a Efe, el director de la organización Artículo 19 en México, Darío Ramírez, dijo que "en sí el derecho a la protesta tiene que ser pacífico y civilizado" porque si no la resistencia civil queda desvirtuada.

"La separación tiene que ser muy clara. Hay momentos en que la protesta se puede tornar violenta, de alguna u otra manera. Y ahí el peso de la prueba no está en el manifestante violento, sino en la reacción de la autoridad hacia el uso racional, profesional y proporcionado de la fuerza", explicó.

El derecho a la protesta pertenece a los derechos fundamentales clásicos pues está expresado en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que otorga a la gente el "supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión" cuando el Estado no garantice sus derechos básicos.

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) han surgido voces que piden regular las marchas y acotar los espacios donde estas suceden para preservar la libre circulación de los ciudadanos y evitar los daños al comercio, comunes en días de manifestación.

El presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez, se mostró crítico con este plan, pues ha permitido que circulen ideas esperpénticas "como generar un 'marchódromo' donde la gente vaya a dar vueltas con sus pancartas para protestar" mientras un grupo de personas toma "notas de las demandas".

"No será la regulación de las marchas la que venga a solucionar el problema de la violencia", sino una atención mayor a "las causas estructurales" de las movilizaciones, asociadas con la pobreza y la desigualdad.

"A veces partimos de la idea de que tenemos un Estado que funciona muy bien y entonces resulta un tanto injustificado protestar" y eso "no es cierto", dijo el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), José Rosario Marroquín.

Citó como ejemplo la "situación extrema" registrada con el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas en 1994 ante el desdén a sus demandas.

"No creemos que ese sea el camino que tengan que seguir todos los pueblos, pero la verdad es que es muy difícil encontrar cuáles son las vías adecuadas para expresarle a las autoridades cuál es la situación que se está viviendo entre los mismos pueblos", apuntó.

Miguel Sarre, del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), consideró "muy delicado", pero no imposible regular las marchas.

Se mostró a favor de "romper tabúes" e introducir medidas razonables, como que quien proteste tenga que "avisar antes" de hacerlo.

En general, dijo, la protesta "es el reflejo de que hay otros cauces institucionales que no están funcionando" como "los judiciales, a los cuasi-jurisdiccionales (Defensorías del Pueblo), y a las vías ordinarias de la Administración Pública, los aparatos judiciales y legislativo".

Sandra Serrano se preguntó "por qué el más débil tiene que respetar el derecho creado por los poderosos (...) cuando el Derecho empieza a funcionar en contra de esas mismas personas" y "ser el arma de los poderosos contra los más débiles".

En México hay una "incapacidad" para "generar condiciones mejores de vida" para la gente, dijo y lamentó que ante situaciones como esa a menudo las propias autoridades se empleen con violencia directa contra quien protesta, como ha ocurrido en la capital.

"Es una lógica de aquí nadie protesta, aquí tenemos el control y nadie va a protestar, lo cual es muy grave para una ciudad como la de México que ha venido avanzando en la protección de derechos y que parecería que esto (...) implica un retroceso brutal porque son agresiones físicas directas", afirmó.