Más de un millón de personas se han visto desplazadas de sus casas en la región de Kasai, en República Democrática del Congo (RDC), que desde el pasado mes de agosto es escenario de enfrentamientos entre la milicia Kamuina Nsapu y las fuerzas de seguridad congoleñas, según los últimos datos de la ONU, que ha expresado su preocupación por la escalada de este conflicto.
La violencia en la región de Kasai, una de las más pobres del país, comenzó en agosto. Kamuina Nsapu, que había heredado el puesto de jefe local a la muerte de su padre, creó su propia milicia para enfrentarse al Gobierno ante el rechazo de las autoridades a reconocer su poder sobre la zona de Dibaya.
El 8 de agosto, sus milicianos atacaron la localidad de Tshimbulu (Kasai Central, matando a nueve personas y tan solo cuatro días después Kamuina Nsapu murió en un enfrentamiento con la Policía. Pese a lo que cabría esperar, sus milicianos no desistieron sino que a partir de septiembre retomaron los ataques, propagando su actividad a otras provincias como Kasai, Kasai Oriental, Lomami y Sankuru.
Aunque el objetivo de sus ataques han sido principalmente los símbolos del Estado, especialmente las fuerzas de seguridad, la ONU ha constatado un creciente número de ataques contra civiles, al tiempo que la respuesta de las fuerzas de seguridad también ha tenido como víctimas en ocasiones a la población civil.
Según el último informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en total hay 2,44 millones de personas afectadas por esta crisis, mientras que más de un millón se han visto desplazadas, el 60 por ciento de ellas solo en la provincia de Kasai Central, la más afectada por la violencia.
La crisis, ha alertado el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), está teniendo un "impacto devastador" para los niños. Así, hay 1,5 millones afectados, de los que 600.000 se han visto desplazados. Además, la agencia de la ONU estima que unos 2.000 menores están siendo usado por las milicias que operan en la región, al menos 300 han resultado heridos de gravedad y más de 4.000 se han visto separados de sus familias.
El representante de UNICEF en RDC, Tajudeen Oyewale, ha denunciado que "cientos de niños han resultado heridos en la violencia y hay informaciones de niños detenidos, violados e incluso ejecutados". "No se puede permitir que este horrible abuso de menores continúe y los autores deben rendir cuentas", ha reclamado, advirtiendo de que a menos que la situación mejore, los seis millones de niños que viven en Kasai están en peligro.
REFUGIADOS EN ANGOLA
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha informado de que un total de 11.000 congoleños han buscado refugio en la vecina Angola, 9.000 de ellos solo desde principios de abril, gracias a que el Gobierno angoleño ha mantenido sus fronteras abiertas. "Esperemos que este gesto de buena voluntad continúe ya que la situación sigue siendo grave en la región de Kasai", ha confiado el portavoz de ACNUR, Babar Baloch.
Según ha explicado, quienes llegan a la provincia angoleña de Luanda Norte lo hacen para escapar de los enfrentamientos entre la milicia y las fuerzas gubernamentales y en algunos casos "han tenido que esconderse en el bosque durante varios días".
Quienes llegan lo hacen "en condiciones desesperadas, sin acceso a agua potable, comida o refugio" y "todavía temiendo por sus vidas", por lo que la mayoría han dicho que no tienen intención de volver a RDC, ha precisado.
Algunos padres, según Baloch, han optado por enviar solos a sus hijos al país vecino por temor a que sean reclutados por los milicianos. "Muchos niños llegan malnutridos y enfermos, con diarrea, fiebre y malaria" y de hecho ha habido ya dos caso de niños que han muerto por malnutrición severa, ha denunciado el portavoz de ACNUR.
ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS
La violencia protagonizada por la milicia Kamuina Nsapu, y la represión por parte de las fuerzas congoleñas, se ha intensificado desde diciembre. A finales de marzo, 40 policías fueron decapitados por los milicianos mientras que en un enfrentamiento días después al menos 18 insurgentes perdieron la vida.
Además, por esas mismas fechas fueron encontrados los cuerpos de los dos investigadores de Naciones Unidas que habían desaparecido días antes y cuya desaparición el Gobierno atribuyó a "fuerzas negativas" en la región. Los milicianos han sido acusados también de reclutar a menores para combatir en sus filas.
Por otra parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció esta semana el hallazgo de otras 17 fosas comunes en Kasai Central, lo que eleva a 40 el total de las documentadas en esta provincia y Kasai Oriental desde agosto.
De acuerdo con la información recabada por el equipo de investigadores de la ONU, fueron soldados del Ejército congoleño (FARDC) quienes cavaron las últimas fosas tras enfrentamientos con presuntos milicianos de Kamuina Nsapu entre el 26 y el 28 de marzo en los que murieron al menos 74 personas, incluidos 30 niños.
Asimismo, el Alto Comisionado también denunció que al menos 40 personas, entre ellas once niños y doce mujeres, murieron a manos de los soldados congoleños en Kananga, la capital provincial, entre el 28 y el 30 de marzo, mientras que otras 21 personas resultaron heridas. Los soldados también violaron a al menos dos mujeres y tres niñas.
"HORROR EN KASAI"
En opinión del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, "el descubrimiento de aún más fosas comunes y las informaciones de violaciones continuadas y abusos subrayan el horror que se ha estado registrando en los Kasais en los últimos nueve meses".
En este sentido, ha considerado "absolutamente vital que el Gobierno congoleño adopte medidas significativas para garantizar que hay una investigación rápida, transparente e independiente" sobre las presuntas violaciones y abusos perpetrados por todas las partes en esta región del país.
Al término de su visita a la región a principios de abril, el director de la Oficina Conjunta de la ONU para los Derechos Humanos en RDC, José Maria Aranaz, también denunció graves violaciones de los derechos fundamentales tanto por parte de las milicias como de las fuerzas de seguridad congoleñas.
"Hemos documentado violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas por la milicia, que ataca a los agentes del Estado con brutalidad, moviliza a menores, destruye edificios, propiedades y símbolos del Estado", indicó.
Aranaz también señaló que había podido documentar "el uso excesivo de la fuerza por los elementos de las fuerzas del orden, lo que ha conllevado un número elevado de muertos del lado de los milicianos y de la población civil".
FALTA DE ACCESO
Por otra parte, la OCHA ha alertado del "reto" que supone el acceso humanitario la región debido tanto a la inseguridad como a las limitaciones físicas, lo que deja muchas zonas innacesibles para las 39 organizaciones humanitarias presentes en la región.
"La situación humanitaria podría empeorar pronto debido al gradual cambio de la crisis, marcado por la fragmentación de las milicias, la intensificación de la violencia contra los civiles y la creciente importancia de las dinámicas de conflicto intercomunitarias", ha subrayado en su último informe.
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