Nuevo pacto de paz para Colombia tras revés en plebiscito

Después de 40 días de incertidumbre, Colombia cuenta desde este sábado con un nuevo pacto de paz entre el gobierno y los rebeldes de las FARC, tras el plebiscito que impidió implementar un acuerdo previo para terminar con medio siglo de lucha armada.

El gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla comunista alcanzaron en La Habana un "nuevo Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado, que integra cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad", según un comunicado conjunto leído por diplomáticos de Cuba y Noruega, países garantes.

El convenio incorpora modificaciones al texto firmado el 26 de septiembre por Santos, galardonado con el Premio Nobel de Paz, y Timoleón Jiménez, máximo líder de las FARC, a la luz de las propuestas de los sectores que encabezaron el voto en contra en el plebiscito del 2 de octubre.

Las reformas al acuerdo rechazado en las urnas se darán conocer en detalle en las próximas horas, pero solo hasta la semana próxima estará disponible la "versión integrada", según el gobierno.

Sin embargo, Santos afirmó que el nuevo pacto "es un mejor acuerdo".

"Con toda humildad, quiero reconocer que este nuevo acuerdo es un mejor acuerdo", dijo en alocución televisada el mandatario.

El acuerdo modificado deja en firme el propósito de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) depongan las armas y se convertirán en un partido político.

Sin embargo, incluye "innovaciones" en varios de los seis puntos que contiene el pacto original, según adelantó el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle.

Su contraparte en la mesa, el jefe rebelde Iván Márquez, afirmó que el "nuevo acuerdo alcanzado preserva la estructura y espíritu del primer acuerdo convenido, incorpora un sinnúmero de ajustes y precisiones (...), despeja dudas donde se consideró necesario".

Las partes no revelaron de inmediato si el nuevo texto será nuevamente refrendado en las urnas o si habrá un nuevo mecanismo de validación previo a su puesta en marcha.

"Al nuevo acuerdo el único camino que le espera es su implementación teniendo en cuenta que con él quedan sentadas las bases para comenzar una tarea aún más difícil y compleja: la construcción de una paz estable y duradera", declaró Márquez.

Durante tres semanas de intensas negociaciones, no exentas de momentos de tensión según dijo el miércoles el presidente Santos, las partes trabajaron para salvar el acuerdo.

De complejo contenido jurídico, el texto original contenía fórmulas para mejorar la situación en el campo -escenario histórico del conflicto-, combatir el narcotráfico, reconocer y reparar a las víctimas, así como garantías para la participación política de los futuros excombatientes.

Una de las principales objeciones al acuerdo fue que los rebeldes acusados de delitos atroces pudieran evitar la cárcel y pagar penas alternativas de reclusión si contribuían a la verdad y reparación de las víctimas.

De la Calle dio a entender que se mantenía la opción de que los acusados de delitos graves eludan la prisión, pero que en el nuevo acuerdo se "precisaron de manera concreta las características y mecanismos de la restricción efectiva de la libertad".

"Se fijaron los espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones", dijo, sin dar detalles.

Además, el nuevo pacto establece el "término concreto" del sistema de jurisdicción especial que juzgará los delitos del conflicto que deja unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

Las cortes especiales no tendrán "magistrados extranjeros", como se había acordado en principio. También se eliminó el punto que incorporaba el acuerdo a la Constitución como garantía de cumplimiento de lo pactado.

Al mismo tiempo, dijo De la Calle, las FARC asumieron un nuevo compromiso para presentar un "inventario de bienes y activos" para reparar a las víctimas durante el proceso de desarme que se extenderá por seis meses, contados a partir del inicio de la implementación.

Antes del anuncio en La Habana, el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien lidera los sectores que se opusieron a la implementación del pacto anterior, se reunió con el presidente Santos, a quién pidió conocer los textos del nuevo acuerdo.

"He pedido al presidente de la República que los textos que anuncian de La Habana no tengan alcance definitivo, que sean puestos en conocimiento de los voceros del No y de las víctimas, quienes los estudiarán en breve tiempo y expondrán cualquier observación o solicitud de modificación", dijo Uribe al término del encuentro.

En una primera reacción internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, saludó el nuevo acuerdo en un comunicado difundido en Bogotá.

"Después de 52 años de guerra, ningún acuerdo de paz puede satisfacer a todos en todos los detalles. Pero este acuerdo constituye un importante paso adelante en el camino de Colombia hacia una paz justa y duradera", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

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