Santos ha pedido "intensificar con sentido de urgencia" todas las medidas necesarias para garantizar la protección real de estas personas, tras reunirse con la Comisión de Alto Nivel para la protección de los Derechos Humanos.
La Unidad Nacional de Protección se reunirá con organizaciones sociales "para examinar la situación de seguridad y priorizar" los casos, mientras que la Fiscalía "acelerará su labor investigativa para esclarecer cada uno de los casos y determinar los responsables".
Las acciones se centrarán en un primer momento en los municipios más afectados por la violencia, ubicados en los departamentos de Norte de Santander, Caquetá, Cauca, Nariño y Meta, para extenderse poco a poco a todo el país.
Para Santos, estos crímenes "son una evidencia palpable, dramática, de los riesgos, de la incertidumbre, frente a la implementación del acuerdo de paz" alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Por ello, ha urgido a acelerar la aplicación de los textos de La Habana, sobre todo en lo relativo a la concentración de los guerrilleros desmovilizados en zonas concretas del territorio colombiano "para dar garantías a todos los ciudadanos".
Santos ha hecho estos anuncios un día después de que las FARC, a través de una carta abierta, le pidieran implementar cuanto antes el acuerdo de paz sobre garantías de seguridad para acabar con el "genocidio" de activistas.
"Es muy dramática y preocupante la situación: más 200 muertos en lo que va corrido del año" y tres muertes y dos atentados en las últimas 48 horas, "con un total manto de impunidad", recordó la guerrilla. "Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos", alertó.
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