Asunción, 4 abr.- Cinco campesinos paraguayos acusados de tentativa de homicidio por una matanza en 2012 que dejó 17 muertos cumplieron hoy 50 días de huelga de hambre en prisión y han entrado en una etapa en la que pueden sufrir daños físicos irreversibles, dijo a Efe su abogado, Vicente Morales.
Un juzgado fijó una audiencia para el próximo miércoles a fin de revisar la petición de la defensa de que se sustituya la prisión preventiva, que cumplen en una cárcel de Asunción, por arresto domiciliario, informó el letrado.
"Están muy débiles, muy frágiles. El director de la cárcel quiere internarlos en un hospital", dijo Morales, tras indicar que le preocupa que falta "mucho tiempo" hasta el miércoles, durante el cual su salud podría empeorar.
Morales explicó que los médicos consideran que los campesinos han entrado en una fase en que están expuestos a afecciones serias y daño a órganos que podría ser irreversible.
Uno de ellos, Rubén Villalba, sufrió una subida de presión recientemente, debido a que tiene problemas circulatorios crónicos, y fue internado en un hospital militar, pero ya está de vuelta con sus cuatro compañeros en la pequeña sala de enfermería del penal de Tacumbú donde pasan el día tumbados en sus camas.
Los cinco labriegos están acusados de tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, así como otros seis campesinos que guardan arresto domiciliario.
Esas personas son los únicas acusadas por la Fiscalía de Paraguay de delitos vinculados con la muerte de once de sus compañeros y familiares, y seis policías durante el desalojo de una protesta en una zona rural de la ciudad de Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción.
En la audiencia del próximo miércoles en Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, los abogados pedirán el arresto domiciliario porque la vida de los campesinos está en riesgo y porque ya cumplen más de un año y nueve meses de prisión preventiva, explicó Morales.
La defensa presentó el pasado lunes una petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que argumenta que el proceso contra los labriegos paraguayos "está plagado de irregularidades".
Los abogados reclaman, entre otras cosas, que durante la investigación de la matanza desaparecieron pruebas como casquillos de balas de armas automáticas, que demostraban, según ellos, que los disparos contra la Policía no procedieron de las escopetas de los labriegos.
La defensa pide a la CIDH que se suspenda el juicio, convocado para el 26 de junio, hasta que se determine la titularidad de las tierras en disputa.
Morales indicó que no se les puede acusar de invadir un inmueble si no está claro a quién pertenece.
Los terrenos de Marina Cué, el nombre de la hacienda de Curuguaty donde ocurrió la matanza, y llamado así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usadas por un destacamento de la Marina paraguaya, son disputadas por el Estado y la empresa Campos Morombí en un litigio que dura ya casi una década.
La firma pertenece a la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un importante cargo del Partido Colorado, la formación del actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
Los campesinos invadieron las tierras para forzar su vuelta al Estado y que formaran parte de la reforma agraria.
Una semana después de la masacre, ocurrida en junio de 2012, el Parlamento paraguayo cesó al entonces mandatario, Fernando Lugo, tras un controvertido juicio político y nombró como Presidente a Federico Franco, del Partido Liberal, hasta ese momento aliado de Gobierno.
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