El Gobierno lleva recurridos 230 actos de instituciones vascas por menosprecio a víctimas de ETA desde 2011

El Gobierno de Mariano Rajoy lleva recurridos desde 2011 un total de 230 actos contra las instituciones vascas por menospreciar o humillar a las víctimas o a sus familiares, exaltar el terrorismo, homenajear o hacer concesiones públicas a los terroristas, lo que supone una media de 45 recursos al año.

A esa cifra hay que añadir las 83 denuncias que durante ese mismo periodo se han remitido a la Audiencia Nacional contra los actos de homenajes promovidos por particulares por si pudieran ser constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

HOMENAJE A UN TERRORISTA EN LEKEITIO

Así consta en la respuesta escrita que ha remitido a los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Íñigo Alli y Carlos Salvador, quien se interesaban por los actos de homenaje llevados a cabo en el Ayuntamiento de Lekeitio al que fuera miembro del comando Madrid de ETA, Antonio Gabiola.

El pasado septiembre, el consistorio del citado municipio vizcaíno cedió su Salón de Plenos para rendir un homenaje público al etarra Andoni Gabiola Goyogana, que formó parte del 'comando Madrid' de ETA, con ocasión de su salida de prisión. Gabiola fue condenado por pertenencia a banda terrorista y haber participado en el secuestro de Emiliano Revilla en 1998.

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno explica que, nada más tener conocimiento de este homenaje, ordenó a la Abogacía del Estado en el País Vasco la impugnación jurisdiccional de dicho acto para obtener su declaración de nulidad, así como del acto de homenaje al que servía, por parte de los tribunales de justicia.

EN DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS

Y es que, según subraya el Ejecutivo del PP, esa actuación municipal no sólo contraviene el principio de objetividad que debe guiar la actuación pública, sino, de manera particular, la dignidad de todas las víctimas del ETA, pero, especialmente, de las tres personas asesinadas en el propio municipio de Lekeitio (el guardia Civil Alberto Villena Castillo, el policía municipal Juan Rodríguez Rosales y el marinero Ignacio Montes Abal).

En cumplimiento de dicha orden, según señala el Gobierno, la Abogacía del Estado en el País Vasco interpuso el correspondiente recurso contencioso-administrativo que fue admitido a trámite y que en la actualidad está pendiente de pronunciamiento judicial.

Y recalca que el Ejecutivo, a través de su delegado en el País Vasco, no denunció estos hechos ante la Fiscalía, como en otras ocasiones, por haberlo hecho ya el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE).