Los redactores del informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA, elaborado por el Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, han subrayado la necesidad de realizar más estudios para "seguir construyendo el relato y perfeccionarlo como si fuera un mosaico".
"La palabra mosaico es importante en este país porque se compone de muchas piezas distintas pero puede dar una imagen final, que seguramente no todos veremos la misma nunca, pero cada vez será más nítida, con más percepción y colores", han defendido.
Los redactores del "Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011)", Eduardo J. Ruiz Vieytez y Jose Ramón Intxaurbe, han comparecido este lunes ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento vasco, a petición del parlamentario socialista Patxi Elola, para dar a conocer este informe presentado en San Sebastián el pasado mes de abril.
La Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco encargó, en la primavera del año 2015 al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, la elaboración de un informe que reflejase y analizase la injusticia padecida por las personas que sufrieron la amenaza de ETA entre 1990 y 2011.
Según han explicado, el objetivo del estudio es ofrecer una descripción cuantitativa y cualitativa del sufrimiento injusto provocado a personas amenazadas por ETA y extraer conclusiones en materia de reconocimiento y reparación de víctimas.
El informe indica que la estimación global del número de personas que tuvieron que ser protegidas con escolta en la Comunidad Autónoma Vasca en el ámbito temporal objeto de este estudio es de 3.300 personas, aunque han reconocido que no han podido disponer de un registro oficial de los datos relativos a estos 3.300 casos estimados.
Por este motivo, la información se ha basado en los datos del Departamento de Seguridad sobre las 1.619 personas a las que les fue asignado un operativo de escolta con cargo a los presupuestos generales del País Vasco entre 1990 y 2011.
AGENTES DE LA ERTZAINTZA
Además, el estudio ofrece una descripción cuantitativa y cualitativa del sufrimiento "injusto" provocado a agentes de la Ertzaintza y a sus familias y destaca que el "hostigamiento" padecido por los agentes provocó un sufrimiento a este colectivo que se extendió a sus familias, en ocasiones con "graves impactos" laborales, sociales o de la salud.
Un total de once miembros de la Ertzaintza fueron asesinados por ETA entre los años 1990 y 2011, periodo en el que este colectivo sufrió 23 atentados directos y 1.335 acciones de violencia callejera contra ellos o sus familias.
LA INTERVENCIÓN
En su intervención, los redactores del informe han reconocido que es necesario realizar más estudios porque hacer un único relato en el que todos estén absolutamente de acuerdo es "complicado".
Además, ha defendido que es necesario utilizar técnicas o métodos de la antropología o etnografía para "seguir construyendo el relato y perfeccionarlo como si fuera un mosaico". "La palabra mosaico es importante en este país porque se compone de muchas piezas distintas, pero puede dar una imagen final, que, seguramente, no todos veremos la misma nunca pero será cada vez más nítida, con más percepción y colores", ha defendido.
Asimismo, ha explicado que el Gobierno vasco no les encargó elaborar la "matriz" de la investigación, sino un doble informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA; el primero con un carácter general que analizará la realidad sufrida por el conjunto de personas que vivieron bajo la amenaza de ETA y un segundo que abordara de forma específica el impacto que esta amenaza provocó en la vida, libertad y derechos de los Ertzainas y sus familias.
También ha explicado que la razón por la que el informe se centra en la Ertzaintza y deja fuera a otras Fuerzas de Seguridad se debe a la Secretaría de Paz y Convivencia les encargó elaborar un informe sobre este colectivo, "ya que es la Policía competencia del Gobierno vasco". "Sin duda, hay muchas afecciones en el resto de fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero no eran objeto de nuestra investigación", han insistido.
Respecto a los datos cuantitativos, Ruiz ha explicado que han tenido que hacer una estimación, ya que no contaban con todos los datos y ha reconocido que fue una decisión "muy arriesgada", pero ha defendido que los datos cuantitativos no son "lo más importante" de la investigación.
Sobre la elección de la bibliografía utilizada, ha explicado que se usó para la contextualización de los datos, y ha advertido a los grupos parlamentarios de que su cuestionamiento podría "desenfocar" el objetivo del informe. Por ello, ha pedido que este informe no se convierta en "foco de debate o motivo de batalla mediática".
"CONOCER Y RECONOCER EL SUFRIMIENTO"
"Pretendemos que personas que han tenido sufrimiento injusto, puedan ver representado, articulado este sufrimiento, y que sientan que, a través de estos informes, su sufrimiento se conoce y se reconoce, poniendo sobre las mesa todo lo que en la sociedad ha sucedido o sucede", ha explicado.
También ha señalado que el informe es una "investigación", pero ha destacado que no es similar a las que suele realizar la universidad, sino que se ha pretendido hacer una "aportación a la sociedad". "Este pequeños esfuerzo tiene que servir al futuro sin olvidar el pasado. Éste es el espíritu con el que hemos abordado este encargo", ha explicado.
Respecto a la estigmatización de la persona afectada y de su familia o entorno, Ruiz ha reconocido que este aspecto se puede "trabajar mucho más". "Tenemos un trabajo por hacer porque las nuevas generaciones tienen poca vivencia de estas cuestiones", ha señalado.
Jose Ramón Intxaurbe, por su parte, ha insistido en que la dificultad de acceder a los durante la investigación ha sido uno de los principales problemas que han tenido que abordar y ha destacado que, al solicitar la información del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, han detectado que hay datos "muy delicados".
"Había datos de carácter personal y direcciones, que hacían fácil de investigar a las víctimas, por lo que el Departamento de Seguridad tuvo que hacer una criba y limpiar todos los datos de carácter personal y trasladar bases de datos privadas de todo tipo de mención", ha indicado.
Asimismo, ha insistido que una de las recomendaciones del informe hace referencia a la "necesaria colaboración interinstitucional" para contar con los datos que tienen otras instituciones, como el Ministerio del Interior, para utilizarlos en este momento de "clarificación de la verdad".
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