A los ricos tampoco les convence la amnistía fiscal: su impacto está siendo "muy reducido"

El Gobierno se jugó la carta de la amnistía fiscal, pero los millonarios españoles no se han tragado el órdago. A cambio de un 10% de lo que declarasen y, sobre todo, la exoneración de cualquier responsabilidad fiscal por ocultar un patrimonio, cualquier ciudadano con rentas, cuentas o incluso una vivienda en el extranjero debe confesarlas a la Agencia Tributaria.

El plazo de la regularización extraordinaria acaba el 30 de noviembre y la medida entró en vigor el pasado 4 de junio con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pasado casi un mes, el efecto de la medida está siendo "muy reducido" tanto en el importe recuperado como en el número de declaraciones, según han admitido fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Justo el mismo día que el Partido Socialista presentaba su recurso contra esta norma en el Tribunal Constitucional, el Gobierno ha lamentado "que acciones como ésta no ayudan precisamente a generar un ambiente de confianza en esta medida".

En cualquier caso, desde Hacienda se señala que es pronto para hacer valoraciones, aunque se reconoce que el objetivo de 2.500 millones"es importante" y habrá que ir comprobando si se alcanza esa cifra, de cara a pensar en otras alternativas, "tal y como hacemos con cualquier previsión de ingresos".

A la amnistía fiscal se suman otras medidas recientes como la firma de nuevos tratados para recibir información que España ha suscrito con diversos paraísos fiscales. Por poner un caso evidente, hasta Suiza debe suministrar datos (con ciertas condiciones).

Lo que está fuera de discusión es que el Ejecutivo va a continuar con la llamada amnistía fiscal (término que no comparte el PP porque considera que el pago del 10% excluye la consideración de perdón).

Lejos de dar marcha atrás, el pasado viernes se supo en Consejo de Ministros que el proyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal que se debatirá ahora en el Congreso amplía los presupuestos relacionados con la amnistía fiscal.

Por ejemplo, hasta ahora había que admitir las cuentas existentes, los activos e incluso el dinero en efectivo. A partir de ahora se suman los bienes inmuebles que supongan un incremento de valor patrimonial.

Eso sí, Hacienda estudia un reglamento para incluir unos mínimos a partir de los cuales no se considerará parte del proceso. Un ejemplo: un inmigrante ecuatoriano que haga la declración del IRPF y tenga una vivienda en su país natal debería admitir la existencia de esa casa. La idea es incorporar una serie de excepciones en función de ingresos.

Como también el proyecto de ley ha solucionado ya otra de las lagunas legales del anterior paquete de medidas. En concreto, no se penalizarán aquellas posesiones que un ciudadano pueda probar que son fruto de la renta ya declarada en España.