A considera "recaudatorio" el borrador de la Ley de Agua y dice que no refleja todo el Acuerdo Andaluz

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La organización agraria Asaja en Andalucía ha considerado como "recaudatorio" el borrador de la Ley de Agua y apunta que ha afirmado que es "falso que nazca del consenso del Acuerdo Andaluz del Agua", según explicó el secretario general de Asaja-Sevilla.

En la reunión que mantuvo ayer el director gerente de la Agencia Andaluza del Agua, Jaime Palop, con el secretario general de Asaja en Sevilla, Miguel Afán de Ribera, la organización agraria presentó en torno a 40 observaciones al anteproyecto de la Ley de Aguas de Andalucía.

De esta manera, Afán de Ribera explicó a Europa Press que el borrador presentado por la Agencia Andaluza del Agua esta semana obedece a un "claro objeto recaudatorio" que, en caso de aguas subterráneas, especialmente las privadas, es "confiscatorio", dada la naturaleza de los servicios que la Administración ofrece a esos aprovechamientos.

Asimismo, indicó que el borrador utiliza la Directiva Marco de Agua (DMA) de manera "sectaria" al no tener en cuenta el artículo 9 que admite exenciones para sectores como el agrario que ya recupera costes. Asimismo, apuntó que se configura como un instrumento dirigido a "coartar, reducir y encorsetar los derechos de los usuarios agrícolas, con especial dureza hacia los titulares de pozos de aguas privadas y de menos de 7000 metros cúbicos".

Según la organización agraria Asaja-A indicó que el anteproyecto pretende otorgar 'carta blanca' a la Administración, tanto a sus "agentes y guardas" como a la propia Agencia Andaluza del Agua para "revisar derechos, modificar usos y jugar con el agua ahorrada para otorgarla a entes supramunicipales bajo fórmulas que se prestan a la más absoluta arbitrariedad".

Asaja-A también critica el "claro sobredimensionamiento de la administración del agua" pasando de una Confederación a un esquema compuesto por la Agencia Andaluza del Agua, la Confederación --que conserva competencias--, las Delegaciones Provinciales, el Observatorio del Agua y el Banco Público del Agua, "gigantesca estructura que se pretende que sea pagada por los usuarios".

Afán de Ribera destacó que el borrador crea una nueva servidumbre, agrava las existentes, otorga derechos a la Administración de modificación de usos sin compensación, amplía los casos de caducidad, agrava notoriamente el régimen sancionador, ignora el procedimiento de deslinde, y todo ello "con absoluto desprecio de preceptos legales y constitucionales".

ACUERDO ANDALUZ DE AGUA

La organización agraria Asaja-A llamó la atención sobre que es "falso" que el borrador presentado nazca del consenso del Acuerdo Andaluz del Agua, pues aunque "sí es cierto que determinados aspectos reguladora aparecen fielmente, otros se extralimitan o no están reflejados".

Así, detalló que no son objeto del Acuerdo Andaluz del Agua una quincena de artículos y apartados como la servidumbre de protección de infraestructuras hidráulicas, la obligación de dejar expedita la zona de servidumbre de cauces, cartografía, en cuanto a la caducidad por no uso durante un periodo de cinco años con interrupción; sobre revisión de usos, y sobre no uso durante un periodo de cinco años con interrupción; Artículo 47.6, sobre afecciones a terceros, inspectores e incrementos de superficie.

Asimismo, continuó no recoge la suspensión de derechos de menos de 7000 metros cúbicos, la aplicación de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el artículo sobre acceso de agentes, el que regula la sanción por cruzar un cauce por sitio no autorizado y sobre la negativa al acceso de inspectores o agentes.

De igual manera, el anteproyecto regula con una aplicación "excesiva" del Acuerdo el artículo 24, sobre orden de preferencia de usos, el 48 sobre el Banco Público del Agua y el 90 sobre canon de Servicios Generales.

Por último, hizo hincapié en que el borrador ignora en el Acuerdo Andaluz del Agua una docena de artículos que versan sobre la innovación, la plena incorporación de las nuevas tecnologías de la información, normalización de procedimientos y criterios técnicos, simplificación de trámites, reducción de plazos y transparencia informativa.

Asimismo, indicó que ignora el impulso de nuevas técnicas que permitan el uso eficiente y el ahorro del recurso en los sectores productivos, y puesta en marcha programas y medidas con los agentes económicos y sociales.