La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha explicado en rueda de prensa que la Unión Europea obliga a los estados miembros a instaurar sistemas de asesoramiento que garanticen la progresiva implantación de los avances tecnológicos en el medio rural para la mejora del sector agrario.
Así, la Junta de Extremadura cree que dichas ayudas son "clave" para el desarrollo y el asentamiento del sector agrario y contribuirán a la profesionalización del mismo.
En esta línea, la portavoz ha recordado que el asesoramiento agrario se viene desarrollando en la región desde el año 2010 a través de convocatorias de ayudas de las que eran beneficiarios los titulares de los explotaciones agrarias, aunque el nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 establece un cambio en los beneficiarios.
Así, pasan a ser de una subvención directa a los agricultores a una licitación pública a la que optarán las entidades de asesoramiento inscritas en el registro de la comunidad, que rondan las 25.
Preguntada por los medios, la portavoz de la Junta ha asegurado que la modificación experimentada por el sistema de asesoramiento a explotaciones agrarias ha sido marcado por la UE y "nada tiene que ver" con la operación 'Tellus', vinculada con un presunto fraude en el seno de la organización profesional agraria UPA-UCE.
"¿Es un cambio que hace la Junta de Extremadura?. No, la Junta de Extremadura lo que hace es cumplir con el PDR que marca la Unión Europea", ha indicado.
26 LOTES
En concreto, la realización de las actividades de asesoramiento se organiza mediante la distribución del contrato en 26 lotes que se repartirán por las 22 comarcas agrarias de la comunidad autónoma.
La razón de la distribución por lotes es que se pretende que el servicio de asesoramiento sea "de calidad" y adaptado a las necesidades de los beneficiarios finales, para lo cual las entidades que opten a esta contratación deberán cumplir una serie de requisitos en cuanto a los medios materiales y humanos necesarios, que deberán estar implementados en las respectivas comarcas agrarias donde se ubican las explotaciones que son objeto de asesoramiento.
El decreto 166/2009, de 17 de julio, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de las entidades que presten servicios de asesoramiento a las Explotaciones Agrarias, recoge textualmente en el artículo 4 que las entidades interesadas en prestar Servicios de Asesoramiento deberán tener personalidad jurídica, así como las uniones o federaciones de éstas o cooperativas, e incluir en el objeto social definido en sus estatutos la prestación de asistencia y asesoramiento a agricultores y ganaderos, y acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 3 del decreto.
Por lo que toda empresa, Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) u otro tipo de entidades que reúnan esas condiciones pueden inscribirse en el mismo. En la actualidad hay inscritas en torno a 25 entidades.
Asimismo, y preguntada por los medios sobre los cuatro funcionarios de la Junta que han sido imputados por prevaricación en causa separada de la Operación Tellus, Gil Rosiña ha mostrado la posición de la Junta de "respeto absoluto" a la independencia judicial.
Además, como en este caso concreto se requiere de la colaboración de la administración autonómica, ha insistido en que la misma se seguirá prestando como se ha venido haciendo desde que se inició este proceso.
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