COAG apuesta por la defensa del almacenamiento privado como "razón de Estado" para evitar el hundimiento del olivar

MÉRIDA, 14 (EUROPA PRESS)

La organización agraria COAG Extremadura invitó hoy al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a defender el almacenamiento privado como "razón de Estado" para evitar el hundimiento del olivar.

COAG, a través de nota de prensa, se mostró de esta forma tras conocer la respuesta negativa de la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer-Boel, en relación a la petición planteada por el COPA-COGECA de actualizar y activar el mecanismo del almacenamiento privado de aceite.

Así, en una carta remitida al secretario general de esta organización, que reúne a las organizaciones agrarias y cooperativas de la UE, la comisaria justifica su negativa a la puesta en marcha del citado mecanismo, aduciendo que, aunque los precios desencadenantes se fijaron en el año 1997, esos precios se mantuvieron en 2007, cuando se aprobó la OCM única, y que desde entonces no ha habido cambios significativos.

A este respecto, desde COAG Extremadura recordó que el hecho de que en 2007 no se actualizaran los precios desencadenantes "no quiere decir que ya por entonces no fuera necesaria dicha actualización, si bien en ese momento el nivel de precios se situaba por encima de los costes de producción", por lo que el almacenamiento privado ni siquiera se planteaba.

Alega la comisaria en su respuesta, según informó la organización agraria, que la producción se ha mantenido estable, por lo que los precios han tendido a ajustarse. Sin embargo, recuerda Fischer-Boel que en la campaña 2005/2006 los precios se incrementaron hasta niveles récord, sin que la Comisión interviniera, desde el convencimiento de que el propio mercado equilibraría la situación.

"Todas estas explicaciones revelan un profundo desconocimiento tanto de los aspectos legales como los puramente productivos que afectan al sector olivarero", apuntó COAG Extremadura y añadió que "tal vez" si la comisaria procediera de un país del sur sería "más sensible" hacia los sectores mediterráneos, "comprendiendo que el almacenamiento privado es para los olivareros tan importante como lo es para los productores de mantequilla de la Europa del norte que ella tan bien conoce".

Por todo ello, COAG Extremadura consideró que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan María Vázquez, deben asumir la reivindicación unánime del sector y convertir la actualización y activación del almacenamiento del aceite de oliva es una "cuestión de Estado absolutamente prioritaria" para evitar que una buena parte del sector productor actual "se hunda por falta de viabilidad".

ALMACENAMIENTO PRIVADO DE ACEITE

El almacenamiento privado es un mecanismo que aparece recogido en la OCM. El Reglamento 1234/2007 establece la posibilidad de articular ayudas para la realización de contratos de almacenamiento privado cuando existan "graves perturbaciones" del mercado, posibilitando así una contención de la oferta y la estabilización de dicho mercado.

A juicio de COAG Extremadura, esas "perturbaciones" se están produciendo en la actualidad, ya que los precios que reciben los productores se han desplomado porque los olivareros extremeños reciben 1,80 €/kg. frente a los 2,57 €/kg que se pagaban hace un año, provocando pérdidas que "sólo en esta campaña pueden superar los 35 millones de euros".

Con los precios actuales, a los que hay que sumar el "brutal incremento" de los costes de producción, la "inmensa mayoría" de las explotaciones olivareras "no son rentables" y el futuro del olivar está "amenazado" en la región.

Por eso, la puesta en marcha del almacenamiento privado es la "única solución inmediata" a los problemas del sector, ya que permitiría aumentar la liquidez de las cooperativas y almazaras para satisfacer las necesidades económicas de los productores "sin necesidad de malvender el aceite".

La organización agraria destacó además que la entrada en vigor de este mecanismo no supondría un perjuicio para los consumidores, ya que también permite regular las "excesivas subidas de precio al consumidor, devolviendo al mercado el producto que previamente se había almacenado".